El motivo de la decisión es por la falta de resolución sobre las apelaciones planteadas con relación a la imposición de medidas y un pedido de nulidad de imputación, de acuerdo con el oficio remitido a los procesados.
Se trata de la causa 13/2019 iniciada por el Ministerio Público por el desvío de unos G. 2.100 millones de los recursos municipales que supuestamente fueron utilizados para campaña electoral de la familia Zacarías Irún, entre los años 2014 al 2018.
Los recursos planteados se encuentran en estudio en la sala integrada por los camaristas Silvio Perfecto Orrego, Graciela Ortiz y Juliana Giménez, quienes interinan a una sala cuyos miembros están suspendidos por otra causa.
Entre las apelaciones existe un pedido de nulidad de la imputación fiscal porque supuestamente el imputado Juan Domingo Sanabria Notario, el que fuera director de prensa de los Zacarías, no fue oído y desconoce las acusaciones en su contra.
La otra es la planteada por la fiscala Josefina Aghemo con relación a la libertad ambulatoria otorgada por el juzgado de garantías a Zacarías Irún. Los demás cuestionaron el plazo de notificación para la imposición de medidas, según los antecedentes.
Los camaristas habían bajado el 18 de febrero el expediente principal al Juzgado Penal de Garantías, quedando solo con las compulsas para resolver lo planteado por los acusados, para no interferir en la realización de la audiencia preliminar, ya que para el criterio de ellos no afecta el desarrollo de la etapa intermedia, conforme a lo señalado por la camarista Juliana Giménez.
LOS PROCESADOS. En el caso están procesados el ex administrador de finanzas, David Espínola, el ex intendente interino Alberto Rodríguez Florentín, de la Municipalidad de Ciudad del Este, Zacarías y Sandra McLeod.
La lista sigue con Carlos Bordón Bottino, Juan Domingo Sanabria Notario y sus familiares Olga Beatriz Rojas, Dora Elsa Rojas, Gustavo Adolfo Rojas y Lucía Rojas.
Los acusados habían recurrido porque supuestamente fueron notificados fuera de plazo para suspender la realización de la audiencia de imposición de medidas, mientras que otros plantearon un pedido de aclaratoria con relación al pago de las costas, luego de que la misma Cámara de Apelaciones depurara el expediente, señalando que era el Juzgado de Garantías el que tenía que resolver sobre el tema. Luego, el 14 de febrero pasado se planteó la nulidad de la imputación fiscal, y el juzgado suspendió la audiencia preliminar prevista para la fecha para todos los procesados. En la Cámara también recusaron al camarista Silvio Perfecto Orrego, quien es preopinante, y transcurrió un tiempo para ser confirmado en el caso, informaron ayer.
La jueza Cinthia Garcete, titular de la causa, está de reposo desde el 17 de febrero pasado, y su juzgado está siendo interinado por su colega, María de Fátima Burró.