El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) aprobó la remoción de la jueza Tania Irún por firmar la transferencia de manera presuntamente irregular de 310.000 hectáreas en la zona del Chaco pertenecientes a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, conocida como la Secta Moon.
La magistrada hizo su descargo y calificó de escándalo jurídico la decisión del JEM. Consideró que con este tipo de acciones solo buscan atemorizar. “Esto es un escándalo jurídico. Qué juez va a dictar resolución en juicio en casos controvertidos, si inclusive teniendo confirmación de cámara, el Jurado decide resolver”, cuestionó en contacto con Última Hora.
Irún comentó que todavía se encuentra conmocionada con todo lo acontecido y no entiende cómo sus 20 años de carrera judicial “desaparecieron en un suspiro”. “Dónde está la seguridad jurídica y a dónde vamos a ir a parar así”, se preguntó.
Lea más: JEM remueve a jueza Irún por el caso Secta Moon
La jueza explicó que con su abogado están aguardando los fundamentos del JEM para poder plantear una acción. “Yo entiendo que esta decisión del JEM es el resultado de presiones de ciertos sectores de poder político”, criticó y aseguró que “no se quedará quieta” por un resultado netamente político.
“Yo soy una persona que creció en lo jurídico y quiero creer que se pueden tener fundamentos jurídicos para algo así”, sostuvo Irún. La jueza también utilizó su cuenta de Twitter para relatar lo ocurrido.
“Mi pecado: Dictar sentencia con honestidad e independencia, con la práctica que distingue a los mejores y, esta no será la excepción. Seguiré luchando por mis principios, especialmente por el legado que me ha dejado mi padre antes de partir”, indicó a través de un hilo en la red social.
La destitución de la jueza en Primera Instancia en lo Civil y Comercial fue por cinco votos de los miembros Jorge Bogarín, Manuel Dejesús Ramírez Candia, David Rivas, Rodrigo Blanco y Luis María Benítez Riera. Por la absolución votaron los miembros Enrique Bacchetta, Mónica Seifart y Fernando Silva Facetti.
Bogarín sostuvo que la magistrada hizo lugar a una demanda ordinaria por cumplimiento de contrato y obligaciones de escrituras públicas, por lo que ordenó a la parte demandada a otorgar escrituras traslativas de dominio a favor de entidades extranjeras de inmuebles que se hallan en la zona fronteriza.
El caso
El caso data del 2018 cuando la jueza hizo lugar a la demanda planteada por los acreedores y ordenó el cumplimiento de un contrato suscripto entre la organización religiosa (Secta Moon) y sociedades que prestaron dichos fondos a la mencionada entidad, que coincidentemente formaban parte del mismo grupo económico-religioso.
Con ello se resolvió la inscripción a título de dación en pago de propiedades las 310.000 hectáreas en el Norte del país, a favor de empresas de capitales europeos y asiáticos, conocidas como Grupo Cusabo.
