La magistrada María Elena Cañete resolvió no hacer lugar al incidente presentado por el abogado Andrés Casati, señalando que el acta de imputación reúne todas las formalidades requeridas en la ley y que el gobernador de Central, Hugo Javier González, no se encuentra en estado de indefensión.
Por otra parte, la Contraloría General de la República (CGR) publicó el informe final del uso de USD 1 millón transferido a la Gobernación de Central en el marco de la emergencia y reactivación económica por la pandemia del Covid 19. En total, unas 15 observaciones confirman que la rendición de cuentas estuvo hecha con documentos que no respaldan el uso del dinero o que hay casas comerciales que no existen.
Para empezar, la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) que recibió G. 5.105.600.000 no es del rubro de construcciones, sino que se dedica “a formación de profesionales en diversas disciplinas”. El acuerdo se hizo para la construcción y mantenimiento de espacios públicos.
Tanto CIAP como el Consejo Regional de Salud recibieron los fondos por cheques y no por la vía correspondiente, transferencias. Ambas organizaciones presentaron sus rendiciones de cuentas con 17 días de atraso y la Gobernación con más de un mes de atraso.
La siguiente observación guarda relación con las facturas del proveedor Asunción Ofertas por G. 777.166..819 para “gastos administrativos, estudios de impacto ambiental, estudio de suelo, contratación de fiscalizador y personal de seguridad, gastos de conexión eléctrica, agua y alcantarillado”, los cuales no guardan relación al servicio principal prestado por el proveedor, que es ramos generales, y no se evidencian contratos o informes respaldatorios de los servicios prestados.
Además, el Consejo de Salud adquirió insumos por más de G. 593 millones de una empresa que se dedica a fabricación y reparación de remolques. Además, la factura es del 28 de enero de 2021, y el desembolso de los fondos se realizó el 12 de febrero.
La CGR menciona también que no se constatan las actas de recepción provisoria en la totalidad de las obras ejecutadas por CIAP.
La reparación de un parque por G. 24 millones tiene serias incongruencias en las fechas. El contrato es del 2 de marzo, el inicio de la obra en enero y la fecha de entrega el 16 de febrero. También se consta que se presentaron como reales facturas que han sido anuladas por los proveedores o que han sido clonadas.
