La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, remitió a la Fiscalía el informe que recibió de la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, para abrir una investigación penal, ya que considera que hubo conducta punible en el actuar de los funcionarios.
La magistrada había emplazado por 24 horas a la directora de Migraciones para que informara los motivos por los que no se aplicó el protocolo para la captura del supuesto narco pastor José Insfrán, que entró al país el 8 de julio pasado por Puerto Falcón.
Sin embargo, como no recibió informe alguno, ayer, le emplazó por 2 horas, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes de la directora Ángeles Arriola a la Fiscalía, para ser investigada por desacato a la orden judicial.
Ante esto, finalmente, la titular de Migraciones contestó la intimación e informó a la jueza contra el Crimen Organizado la identidad de la persona que registró el nombre de José Insfrán, que habría ingresado por Puerto Falcón.
Además, la directora también comunicó el nombre de la persona que habría procedido al levantamiento de la revisión secundaria, procedimiento que hizo que no se pudiera conocer que había ingresado al país.
Ante el citado informe, la magistrada remitió los antecedentes al Ministerio Público, “ante la irregularidades constadas a prima facie en el actuar de los funcionarios de Migraciones”, de modo a que se abriera una investigación penal, por posible frustración a la persecución y ejecución penal.
La directora de Migraciones, en declaraciones a la 780 AM, señaló que hace más de un mes no cuentan con el sistema computarizado para que les salte el pedido de captura contra las personas que ingresan al país.
A ULTRANZA PY. Hay que recordar que José Insfrán está con rebeldía y orden de captura a nivel nacional e internacional por su supuesta participación en el lavado de dinero.
El mismo es uno de los procesados en el Operativo A Ultranza Py. El pastor de la iglesia Centro de Avivamiento de Curuguaty y ex precandidato a la Gobernación de Canindeyú habría usado como fachada la organización religiosa para la adquisición de varios inmuebles.
En el caso, además del presunto narcopastor, también es buscada su hermana Yolanda Insfrán, quien también se encuentra con rebeldía y orden de captura por parte de la jueza de Crimen Organizado.
En el citado operativo se incautaron bienes de la familia Insfrán que están valuados en unos USD 100 millones, entre bienes inmuebles y vehículos, los cuales ahora están siendo administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
La Fiscalía ya realizó también varios procedimientos en la sede de la Dirección de Migraciones, por lo que ya existe una investigación abierta sobre el tema, por lo que el informe remitido por la magistrada seguramente se acumulará a la carpeta fiscal sobre el caso.