El viernes, la fiscala adjunta presentó el dictamen donde acusó al ex presidente Édgar Alberto Melgarejo Ginard, declarado significativamente corrupto por los Estados Unidos, por lesión de confianza y solicitó juicio oral.
Además, acusó como cómplices por el mismo delito a los coprocesados Juan Carlos Turitich, Marcelo Rubén Ovelar González, Luz María Chamorro Báez, Fernando José Gallardo de Brix, y los representantes de la empresa Proyectos Global SA, Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco.
La preliminar se había realizado los días 28, 29, 30 de marzo y 4, 10 y 11 de abril pasados, donde el fiscal Juan Ledesma se ratificó en su pedido de juicio oral para todos los procesados.
Además, las defensas plantearon la extinción de la acción penal por la reparación del daño y el sobreseimiento definitivo.
Asimismo, pidieron la nulidad del acusación, por falta de relato de los hechos, falta de indagatoria, entre otros. Además, la defensa de Melgarejo Ginard solicitó la exclusión probatoria; mientras que la defensa de Marcelo Ovelar, el sobreseimiento porque lo que se atribuye al mismo no era delito.
Después, los procesados pidieron que se aplicara la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año. Así, Édgar Melgarejo ofreció G. 60 millones, mientras que Marcelo Ovelar, Fernando Gallardo, Luz Chamorro y Juan Turitich ofrecieron G. 10 millones cada uno.
Por su parte, Katherine Toñánez y Carlos Franco, ofrecieron G. 5 millones cada uno en concepto de reparación del daño social.
A este pedido, el fiscal Juan Ledesma se allanó. Dijo que se hallaban reunidos los presupuestos legales para la procedencia, aunque requirió que el periodo de prueba sea de 3 años. La jueza le dio trámite de oposición al pedido.
ACUSACIÓN. Tras el trámite de oposición, la fiscala adjunta María Soledad Machuca rectificó el pedido del fiscal Juan Ledesma. Acusó a todos los procesados. Melgarejo como supuesto autor, y los demás como presuntos cómplices de lesión de confianza.
Según la fiscala, en el trascurso de la pesquisa, al analizar los tapabocas, se corroboró que las mascarillas protectoras que adquirió Édgar Melgarejo son muy diferentes a las que cuentan con certificado de aprobación, según los documentos presentados por la proveedora.
La firma Proyectos Global SA, al presentar su oferta, presentó un certificado de aprobación de calidad de la mascarilla CG421V, pero entregaron 4.000 tapabocas modelo CG301, salidas del mercado desde diciembre del 2017 por falta de aprobación del certificado del país de origen.
Según la fiscala adjunta, los tapabocas se encontraban vencidos, por lo que el daño no era solo económico. Dice que el perjuicio patrimonial es de G. 119.960.000.
Con ello, la fiscala adjunta rectificó el dictamen y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral, donde serán juzgados por lesión de confianza.
Procuraduría y Dinac nada saben
El representante de la Procuraduría dijo a la jueza Rossana Carvallo, en la preliminar, que no tienen atribución alguna ya que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la presunta víctima, tenía autonomía, y no recibieron propuesta alguna de reparación del daño. El representante de la Dinac alegó que era falso que hubiera acuerdo con la firma Proyectos Global SA, y que la Dinac haya reconocido la devolución del dinero. Supieron del depósito, pero no renunciaron al derecho a ser indemnizados.