En palabras sencillas, la jueza se opone a conceder la suspensión a prueba del proceso, a la que se allanó el fiscal Juan Ledesma, por lo que pide al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ratificar el pedido o en su caso acusar, en un plazo de 10 días.
En la preliminar, el fiscal Ledesma se había ratificado de su acusación. Sin embargo, luego se allanó a los pedidos de la defensa de los procesados que pidieron la suspensión condicional del proceso. El fiscal pidió un plazo de prueba de 3 años para cumplir con las obligaciones.
El principal encausado Melgarejo Ginard (declarado significativamente corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos), ofreció como reparación del daño, la donación de G. 60 millones.
Los demás acusados ofrecieron también reparar el daño con sumas de G. 10 millones cada uno. El fiscal estuvo de acuerdo ya que es un caso de lesión de confianza.
Ahora, depende del fiscal general Rolón. Es que si ratifica el pedido, la jueza no tendrá otra opción que admitir el pedido de la Fiscalía.