Además, libró oficio a la Comandancia de la Policía Nacional y a la Interpol OCN, conforme con la notificación roja. Además, dispuso que se debía comunicar la vigencia de la resolución de captura contra el canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La resolución se dio a pedido del fiscal Lorenzo Lezcano, y del abogado de los querellantes, Andrés Casati, a raíz de la resolución dictada el 11 de abril pasado, por el Tribunal para la Paz de la jurisdicción Especial para la paz de la República de Colombia, JEP.
Según el citado tribunal consideró que no era competente para juzgar a Rodrigo Granda, ya que los hechos ocurrieron en territorio paraguayo desde el 21 de setiembre del 2004.
Con ello, entienden que se abre la posibilidad de que el mismo sea extraditado a nuestro país para que sea juzgado.
