Moro participó en una audiencia celebrada en el pleno del Senado sobre “abusos de autoridad”, un asunto sobre el que tanto ese órgano legislativo como la Cámara de Diputados han propuesto medidas que, según el Poder Judicial, pueden “inhibir” el trabajo de los jueces.
La sesión fue dirigida por el presidente del Senado, Renán Calheiros, sospechoso de haberse beneficiado directamente de la corrupción en la petrolera y autor de una de las propuestas que han desatado un conflicto entre el Legislativo y el Poder Judicial.
Esas iniciativas fueron interpretadas como una respuesta de la clase política al impacto de las investigaciones en Petrobras, que salpican a decenas de dirigentes de todo el arco partidario.
También han llevado a los fiscales del caso a alertar de que renunciarán en forma colectiva si las medidas propuestas en el Parlamento fueran aprobadas.
El problema, según reiteró hoy Moro, es que las medidas que han sido propuestas abrirían la puerta para que magistrados y fiscales puedan ser denunciados por aquellos que juzgan o investigan, con el riesgo de ser condenados a prisión hasta por causas vagas y de muy difícil comprobación, como una “actuación político-partidaria”.
Según un documento entregado por el juez Moro al Senado, “es imprescindible evitar que sean criminalizadas, en la práctica, las interpretaciones de la ley o la evaluación de los hechos y las pruebas por parte del Ministerio Público” y las autoridades policiales.
“Entiendo, respetuosamente, que no es el mejor momento para una deliberación” sobre ese asunto, “toda vez que pudiera interpretarse como un intento de prevenir el avance de investigaciones criminales importantes, como la denominada Lava Jato”, referida a Petrobras, apuntó.
También propuso un artículo que diga que “no configura delito la divergencia en la interpretación de la ley penal o procesal o en la evaluación de los hechos y las pruebas”.
Según Moro, sin esa “salvaguarda”, las propuestas que tramitan en el Parlamento “tendrán como efecto práctico restringir la acción de los jueces, fiscales y policías en acusaciones, o incluso amenazas temerarias de miembros de bandas criminales”, como “terroristas, narcotraficantes o implicados en tramas de corrupción”.
El magistrado añadió que “aún cuando una legislación tenga las mejores intenciones, la forma en que será aplicada es incierta”.
En ese marco, afirmó que su “sugestión apunta a impedir que el agente de la ley, sea juez, fiscal o policía, no sea penalizado por la posible aplicación equivocada de un ley que, en vez de prevenir abusos, inhiba el ejercicio de la función”.
Según Moro, “ningún juez acepta la práctica de crímenes” y, en caso de los que cometa, “sean de corrupción o abuso de autoridad”, siempre debe “ser castigado”.
El “peligro”, en su opinión, “es que, eventualmente, el pretexto de cohibir los abusos de jueces venales, promueva un ataque a la independencia del Poder Judicial”.
