Este es el tercer proceso penal abierto contra Lula en la justicia convencional y el ex gobernante también es investigado por el Tribunal Supremo por su posible implicación en el caso de corrupción en Petrobras.
En su decisión, el magistrado Vallisney de Souza Oliveira, del Tribunal Regional Federal de la Primera Región, aceptó de forma íntegra la denuncia formulada por la Fiscalía la semana pasada.
Los cargos imputados contra Lula son corrupción pasiva, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita, con lo que si fuera condenado por estos cargos podría enfrentarse a una pena de hasta 30 años de cárcel.
Además de Lula, otras diez personas fueron acusadas de diferentes cargos de corrupción, entre ellas el empresario Marcelo Odebrecht, ex presidente de Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, y quien también ha sido condenado por el caso Petrobras.
En este caso, Lula es sospechoso de haber cobrado sobornos de Odebrecht a cambio de las presiones que supuestamente habría ejercido desde la Presidencia y en los años posteriores a que dejó ese cargo, en 2011, para favorecer a la empresa.
Según la acusación, Lula presionó para que el banco de fomento de Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), concediera créditos a Odebrecht para que lograra adjudicarse un contrato en Angola.
Los pagos, que ascendieron a 30 millones de reales (unos 9 millones de dólares), los realizó Odebrecht a una empresa recién fundada por un sobrino de la primera mujer de Lula, Taiguara Rodrigues dos Santos.
Además, Odebrecht contrató al ex presidente para pronunciar discursos en diversos países, lo que, según la Fiscalía, se trataba de un medio para “escamotear el mecanismo de compraventa de la influencia” que mantenía ante entes públicos brasileños y gobiernos extranjeros.
CONDENA. Jorge Argello, del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), fue declarado culpable de los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y obstrucción a la Justicia.
El juez federal Sergio Moro, que tramita las causas de acusados sin protección de fueros especiales, ordenó además el bloqueo de 7,3 millones de reales (unos 2,3 millones de dólares) del patrimonio del ex legislador.
“El condenado (...) aprovechó el poder y la oportunidad para enriquecerse ilícitamente, dando continuidad a un ciclo delictivo. La práctica de crímenes por parte de congresistas, que son gestores de las leyes, es especialmente reprobable, y constituye una traición básica a sus deberes públicos”, escribió el magistrado en su fallo (de primera instancia). EFE-AFP-Reuters