“Tuve que tomar una decisión, porque la Cámara Federal de La Plata (provincia de Buenos Aires) me dio un plazo determinado para resolver la situación y no tenía pruebas suficientes como para procesarlos. Tuve que dictar la falta de mérito”, dijo Villena.
El magistrado consideró que no existió evidencia suficiente para procesar a los tripulantes del avión de Emtrasur por el delito de financiación de actividades terroristas.
Fueron beneficiados con esta medida el piloto Gholamreza Ghasemi, el capitán de vuelo Abdolbaset Mohammadi, el ingeniero de refuerzo Saeid Valizadeh y los ejecutivos de la empresa venezolana Víctor Manuel Perez y Mario Arraga Urdaneta.
Estos cinco tripulantes eran los últimos de una lista de 19 personas —5 iraníes y 14 venezolanos— que el 6 de junio pasado ingresaron a Argentina en la aeronave Boeing 747-300 de matrícula YV3531.
La primera docena de liberados llegó a Venezuela el 16 de septiembre y dos más el pasado día 30 en medio de peticiones para que el resto pudiera salir de Argentina.
El avión perteneció a la empresa iraní Mahan Air y actualmente está en manos de Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Tenemos elementos que nos permiten sospechar que existe financiamiento, pero no los suficientes como para dictar un procesamiento. Por eso la ‘falta de mérito’, que es una decisión intermedia”, agregó el juez.
La aeronave arribó a Argentina, procedente de México, después de intentar ir a Uruguay a cargar combustible, pero debió volver porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
Las petroleras argentinas no suministraron combustible al avión por temor a las sanciones estadounidenses y, posteriormente, el 11 de junio, se difundió que la Justicia había ordenado la inmovilización de la aeronave.
“Señálese que el auto por el que se decreta la falta de mérito para procesar o sobreseer no supone la conclusión de la causa, ni de la investigación. Permite que el magistrado continúe la labor instructoria y pueda modificar tal situación”, explica la resolución del juez.
Esto significa que si más adelante se cuenta con elementos probatorios, se emitirá una alerta de captura internacional para que los sospechosos sean indagados nuevamente.
Pero el problema radica en que tanto Venezuela como Irán no admiten la extradición de sus ciudadanos, algo que podría complicar la causa.
“Los retuvimos durante el tiempo razonable que está establecido en un Estado de derecho. La investigación fue un éxito desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de la comunidad internacional, aunque la investigación no está cerrada y sigue adelante”, remarcó el magistrado.
Este caso generó un fuerte revuelo en Argentina, país que sufrió dos atentados terroristas en la década de 1990 -contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires- y la Justicia local señala al grupo Hezbolá y a miembros del entonces Gobierno iraní como responsables.
