Rivas está imputado por el caso de supuesto título falso de abogado, con el que fue miembro y hasta presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM); y Galeano por presuntos vínculos con el narcotráfico en el marco del operativo A Ultranza.
Tras no conseguir los votos para desaforar al ex presidente y actual senador vitalicio Mario Abdo Benítez, los cartistas maniobraron la restitución de fueros a legisladores que ya habían sido desaforados por pedido de la Justicia.
Salida. La salida queda en manos de la Justicia. Una alternativa es que los jueces resuelvan aceptar la decisión del Senado y ordenar el archivo de las causas. Es decir, hacer lugar y alinearse a la jugada.
Esto motivaría a que el Ministerio Público sea el que accione contra la decisión judicial y la del Senado a través de una acción de inconstitucionalidad a ser presentada en la Sala Constitucional de la Corte.
Desafío. Los jueces también pueden decidir rechazar el pedido de los dos legisladores colorados cartistas y no hacer lugar al pedido de archivo de la causa, así como también desautorizar la reposición de los fueros de estos, considerando que no está previsto en la Constitución Nacional y las leyes.
En este caso, sería la defensa de cada uno de estos senadores la que reforzaría la acción contra la resolución judicial, presentando una acción de inconstitucionalidad en la CSJ, argumentando una supuesta potestad del Senado de quitar y devolver los fueros a sus miembros.
Aquí la Fiscalía quedaría esperando las resoluciones judiciales sin necesidad de accionar por su cuenta, como sí ocurriría en el primer caso.
En manos de la Corte. La última opción, y la cual los abogados entendidos especulan que sucederá, es que los jueces sean los que, ellos mismos, recurran a la Sala Constitucional de la Corte para pedir una aclaración.
De pronunciarse la Sala Constitucional en este caso, ya estaría sentanda la jurisprudencia o preopinando ante una futura acción de inconstitucionalidad que pueda ser presentada luego por cualquiera de las partes, los fiscales o los abogados defensores.
Sea como sea, la última palabra la tendrán los ministros de la máxima instancia judicial.
Actualmente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está integrada por los ministros Gustavo Santander Dans, César Diesel Junghanns y Víctor Ríos Ojeda, quienes tendrán el deber de destrabar el nudo político.
El fiscal general considera ilegal medida de la Cámara Alta
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, calificó de ilegal la decisión de la Cámara de Senadores de restituir los fueros de los legisladores Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.
Explicó que espera que se pronuncien los jueces que llevan cada una de las causas para luego presentar o no una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Respecto al pronunciamiento que dio esta semana el Ministerio Público sobre a las restituciones de fueros en el Senado, que calificaron de inconstitucional, dijo que fue una señal y un posicionamiento político de la institución que representa. “Era muy necesario para calmar las aguas, para que se sepa la opinión del Ministerio Público y creo que se logró el efecto”, indicó Rolón Fernández a la 1080 AM.
Criterios. Rolón Fernández señaló que el artículo 248 de la Constitución sanciona la paralización de los procesos de investigación judicial y el efecto de invalidez de los actos –como la reposición de los fueros, en este caso–, se encuentra en los preceptos del artículo 137 de la carta magna.
“Son las aristas que tenemos que tener en cuenta”, agregó Rolón en su pronunciamiento sobre el caso jurídico. Destacó la importancia de los debates actuales para construir el país deseado y comparó la situación actual con épocas pasadas donde existía una figura dominante que influenciaba las decisiones judiciales.
“Hoy, cuando hay bolsones de poder, el Poder Legislativo tiene lo suyo, el Ejecutivo lo suyo y el Judicial; cada estamento asume la responsabilidad de su decisión y eso me parece correcto”, declaró el titular del Ministerio Público.
Subrayó que el análisis jurídico es crucial y que aún se debe determinar la consecuencia jurídica para aquellos que toman decisiones de esta naturaleza.
“Esto veremos cómo continúa el proceso”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de futuras acciones legales contra los implicados.
