Un juez del condado de Pulaski, Wendell Griffen, emitió este viernes una orden temporal que prohíbe al estado usar uno de los tres medicamentos previstos para las ejecuciones, el bromuro de vecuronio, porque la empresa que se lo vendió, McKesson, presentó una denuncia en la que alega no haber sido informada de que iba a utilizarse para aplicar la pena capital.
La orden, que la Fiscalía General del estado anunció hoy que llevará al Supremo estatal, establece que Arkansas no usará el bromuro de vecuronio obtenido de McKesson hasta que así lo dictamine esa misma corte, donde está prevista una audiencia de urgencia el martes.
El gobernador del estado, el republicano Asa Hutchinson, había justificado su decisión de programar ocho ejecuciones (una ya fue suspendida antes) en 11 días, entre el 17 y el 27 de abril, porque a finales de mes caduca el suministro estatal del sedativo midazolam, uno de los tres medicamentos de las ejecuciones.
Ante la posibilidad de no tener más suministro, dada la dificultad de conseguir ese medicamento y la reticencia de las farmacéuticas a que sus productos se usen para la pena capital, el estado optó por llevar a cabo las ejecuciones antes de que caduque el actual.
Poco antes de la decisión del juez Griffen, la Corte Suprema de Arkansas suspendió hoy la ejecución de Bruce Ward, de 60 años, que se suma a la suspensión de la de Jason McGehee días antes.
Así, de las ocho ejecuciones previstas inicialmente en un plazo récord de 11 días dos están suspendidas y seis en duda tras la decisión del juez de prohibir temporalmente el uso de uno de los medicamentos.
Ward iba a ser el primer reo ejecutado, el lunes, en la serie prevista de ejecuciones, de dos en dos, a lo largo de la segunda mitad de abril.
Ningún estado ha ejecutado a tantos individuos en un plazo tan corto de tiempo como Arkansas pretendía hacer. Solo Texas ejecutó dos veces a seis reos en 10 días, en 1997 y en 2000, según el Centro de Información de la Pena de Muerte, una organización no gubernamental.
Hutchinson tomó la decisión de programar las ocho ejecuciones en febrero, después de que el Tribunal Supremo de EEUU rechazase una demanda de un grupo de presos contra las inyecciones letales utilizadas por Arkansas y diese así luz verde a reanudar la aplicación de la pena capital.
Arkansas, que no ejecuta a ningún preso desde 2005, era uno de los estados del país con la pena de muerte estancada en los tribunales por litigios contra sus protocolos.
Las ejecuciones programadas en Arkansas mediante inyección letal despertaron no solo la condena contra ellas en EEUU, sino también fuera de sus fronteras. Este miércoles el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) instó al gobernador Hutchinson a que las conmute.
