Al igual que el miércoles pasado, los manifestantes se concentraron frente al Congreso Nacional, en Buenos Aires, con consignas en contra del mandatario ultraliberal y exigiendo una mejora de las pensiones.
En esta ocasión, los asistentes exigían a Milei revertir su decisión, anunciada en el Boletín Oficial del pasado lunes, de vetar la ley aprobada por ambas Cámaras y que establecía una fórmula de actualización mensual de las jubilaciones que combinaba el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8,1 %.
La Constitución argentina habilita al presidente a vetar total o parcialmente una ley, veto que el Parlamento puede superar volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas.
Tal como sucedió durante la última protesta, los enfrentamientos comenzaron cuando la Policía, que montó un enorme operativo junto a fuerzas de Gendarmería y Prefectura, intentó dispersar a los manifestantes que intentaron ocupar parte de la Avenida Rivadavia para marchar hacia la Casa Rosada (sede de Gobierno).
En paralelo, en el interior del Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentaba su informe de gestión semestral ante la Cámara de Diputados.
Muchos de los presentes en la sesión hicieron referencia a los incidentes que estaban teniendo lugar puertas afuera y exigieron al Gobierno que permitiera el normal desarrollo de la protesta.
Consultado por la decisión del presidente de votar la reforma jubilatoria, Francos defendió que la aprobación de la ley “no constituye un acto maduro y responsable”, ya que establece “gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria”.
“Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza”, agregó, y sostuvo que el actual Gobierno tiene la voluntad de “garantizar un sistema de movilidad previsional justo y equitativo”, pero “con responsabilidad institucional” y “sin quebrar el equilibrio fiscal”.
El gasto en jubilaciones ha sido uno de los más afectados por el plan de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que en marzo pasado decidió actualizar las pensiones por decreto y no mediante la fórmula que regía desde 2021.
En un escenario de severa crisis económica en Argentina y con una de las tasas de inflación más alta del mundo, el 65% de los 6,5 millones de jubilados del país cobra la jubilación mínima, que el mes pasado fue de 225.454 pesos (unos 230 dólares al tipo de cambio oficial actual), un ingreso que llega a los 295.454 pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga desde hace varios meses por la situación de emergencia.
Este ingreso, que representa un 82% del salario mínimo legal en Argentina, margina a los jubilados a la indigencia.
Tras optar por el veto, el Gobierno anunció que ajustará un 4% las pensiones en septiembre por decreto.
Fuente: EFE.
