El cambio consiste en otorgar a los médicos la posibilidad de acceder a una jubilación equivalente al 90% del promedio de sus 36 últimas remuneraciones con 55 años de edad y 25 años de aporte. Además, con 60 años de edad y 30 años de aporte, la jubilación sería el 100% de su remuneración base.
La argumentación sostenida por los parlamentarios proponentes del proyecto de ley es que los médicos empiezan su vida laboral más tarde que otros profesionales, razón por la cual, con base en la regla actual, solo podrán acceder a una jubilación digna a una edad muy avanzada.
Otros argumentaron que esta modificación es justa porque se asimila al que actualmente tienen los maestros del sector público, quienes acceden a una jubilación del 83% del promedio de sus remuneraciones de los últimos cinco años con 25 años de aporte sin una edad mínima requerida.
Sin embargo, si consideramos el régimen de jubilaciones del resto de los funcionarios públicos, la baja cobertura del IPS entres los trabajadores del sector privado y la esperanza de vida al nacer, actualmente de 75 años, estas condiciones aprobadas para los médicos y las que ya tienen actualmente los maestros son altamente inequitativas considerando la sociedad en su conjunto.
Por otro lado, los parlamentarios tampoco han tomado en consideración la situación financiera y actuarial deficitaria e insostenible que ya tiene la Caja Fiscal.
Según datos del Ministerio de Hacienda, considerando el resultado del primer trimestre, la Caja Fiscal experimentaría un déficit financiero superior a USD 130 millones en el 2019 sin incorporar el impacto del nuevo régimen aprobado para los médicos. El saldo de las reservas de la Caja Fiscal en el Banco Central asciende a alrededor de USD 640 millones que, a este ritmo, se agotarán en los próximos 3 o 4 años.
Sin reservas, serán necesarios importantes ajustes para restablecer el equilibrio financiero, como incrementar la tasa de aporte de los funcionarios activos y recortar el monto de las jubilaciones de los jubilados. Si esto no alcanza, tendrá que incrementarse el IVA o el IRP para cubrir la diferencia que persista. Por lo tanto, más temprano que tarde estas jubilaciones recaerán en las espaldas de los contribuyentes de impuestos.
Un sistema de jubilaciones financieramente sostenible requiere de consistencia en sus parámetros fundamentales. Por ejemplo, considerando una tasa de aporte del 15% sobre las remuneraciones y ciertos parámetros de rentabilidad, crecimiento de la productividad laboral e inflación razonables para nuestro país, se requieren aproximadamente 33 años de aporte para solventar un periodo de 10 años de percepción de los beneficios de la jubilación que consista en un 100% del promedio de todas las remuneraciones actualizadas por inflación al momento de la jubilación, para que el sistema esté financieramente equilibrado.
Por lo tanto, considerando una expectativa de vida al nacer de 75 años que tenemos los paraguayos hoy en día, para acceder a una jubilación del 100% la edad de jubilación debe ser fijada en 65 años y con 33 años de aporte. Jubilaciones proporcionales deben ser consideradas para prever menores años de aporte.
Para seguir avanzando en un proceso de desarrollo sostenido debemos tomar decisiones políticas responsables y equitativas considerando el interés general de la ciudadanía.
En este sentido, el Poder Ejecutivo debiera vetar este proyecto de ley y plantear un diálogo serio y responsable con parlamentarios, gremios sindicales y empresariales con el objetivo de proponer cambios en los parámetros del sistema de jubilaciones para restablecer su solvencia y garantizar a todos los trabajadores su acceso a una jubilación digna y equitativa al menor costo posible.
