Familiares de la víctima estuvieron ayer por Asunción y se acercaron hasta la sede del Jurado para participar como oyentes de la sesión. Al finalizar manifestaron su conformidad con la determinación y volvieron a criticar a los magistrados de Alto Paraná que liberaron al condenado abusador de niñas.
“Nos toman el pelo, nos tratan de idiotas. ¿Por qué no se callan aunque sea, no se van a sus casas?, ¿Qué creen que somos nosotros?”, refirió una tía de la niña abusada por el ex uniformado policial.
Indicó que la injusticia duele, y aunque los afectados no entiendan sobre leyes, saben y sienten que se comete una injusticia, y criticaron también que los jueces González Sánchez, Amarilla y la jueza Meza de López hayan hablado por radios del Alto Paraná justificando su actuación.
“No somos todos ignorantes. El sentido de la justicia es inherente al ser humano. Eso es lo que más nos duele, porque aparte de corruptos, ignorantes”, puntualizó enérgica la tía.
En la sesión de ayer del JEM, el diputado Ramón Romero Roa solicitó la suspensión; seguidamente el también diputado Eusebio Alvarenga se añadió al requerimiento de su colega y justificó técnicamente su postura.
Indicó que los jueces Amarilla y González Sánchez fueron los que, en mayoría, votaron a favor del pedido de revocatoria de prisión, hicieron mal desempeño porque la defensa del ex policía presentó una apelación general, cuando correspondía presentar una apelación especial contra una sentencia condenatoria.
Explicó que los magistrados resolvieron revocar la sentencia de condena, “y en consecuencia dispusieron el arresto domiciliario del condenado, porque no se trata meramente de un acusado. Si bien es cierto no estamos ante una sentencia firme, pero no es menos cierto que perdió la condición de imputado o acusado”, dijo Alvarenga.
EL CASO. Según los antecedentes, el uniformado que prestaba servicio en el Departamento de Interpol fue condenado en el juicio que finalizó el 12 de agosto del 2019, donde fiscal Víctor Adolfo Santander había solicitado la pena de 13 años, en tanto que los abogados Nilda Benítez Peña y Ariel Acosta, que promovieron la querella adhesiva habían pedido una condena de 15 años.
El Tribunal de Sentencia, integrado por Evangelina Villalba, Óscar Genes y Alba Meza lo encontró culpable del abuso sistemático del que fue víctima su hijastra, desde los 9 hasta los 12 años.