Una de las tantas familias es la liderada por el jefe de Patrimonio del organismo electoral, Iván Sindulfo Giménez Rojas.
Este es hermano de padre de Rafaela Margarita, jefa de División; de Bernarda Mariana Benítez, auxiliar de servicios; y de Wilson Demetrio Benítez, que es contratado en la institución.
Giménez percibe salario y gasto de representación que suman G. 10.844.000 y es funcionario antiguo del TSJE.
Sus tres hermanos de padre tienen salarios que van entre G. 2.523.900 y G. 4.125.000.
El jefe de Patrimonio es también cuñado de Gustavo Fariña Ruiz Díaz, un técnico con un salario que alcanza cerca de G. 3.000.000.
Este último está casado con Gloria, otra hermana de Rafaela, Bernarda y Wilson.
Gustavo Fariña Benítez es hijo de Gustavo y Gloria, o sea, sobrino de Iván Giménez, y gana G. 3.000.000.
Elías Martini Ortigoza es esposo de Bernarda, hermana del jefe de Patrimonio. Su salario es de G. 3.000.000.
Cynthia Figueredo de Pereyra es cuñada de Iván Giménez. Gana al mes la suma de G. 6.616.700.
La mujer a la vez tiene un esposo que ocupa el cargo de coordinador en la institución con un salario de G. 4.357.000.
En la sumatoria de sueldos, el jefe de Patrimonio y toda su parentela acumulan al mes la suma de G. 40.376.400.
Detalles. Los haberes de los funcionarios del TSJE rondan entre G. 1.700.000 y G. 16.000.000, dependiendo del cargo. Esto incluye gastos de representación en aquellos cargos de importancia.
Desde el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, hace más de dos semanas, sobre el acceso a la información, varias instituciones públicas y municipios publicaron las listas de funcionarios, cargos y sus salarios.
pedido. El diario Última Hora había solicitado hace más de tres meses a la Cámara de Diputados el informe sobre sus funcionarios, pero fue negado por su presidente, Juan Bartolomé Ramírez (PLRA), en reiteradas ocasiones, alegando que los propios funcionarios se oponían a la divulgación.
Asimismo, ÚH solicitó la nómina de funcionarios de la Cámara de Senadores, que también fue negada en su momento. Las publicaciones y la presión ciudadana hicieron que los legisladores cambien de postura y den la nómina. En ese sentido, hizo lo mismo la Corte Suprema de Justicia.