Un grupo de senadores brasileños pidió el lunes a la Corte Suprema que inicie una investigación sobre los supuestos delitos en que pudo incurrir el presidente Jair Bolsonaro en una negociación para la compra de vacunas anti-Covid indias.
El senador Randolfe Rodrigues, uno de los que presentaron la demanda ante el Supremo, explicó que el contrato de intención de compra firmado entre el Gobierno y la empresa india Bharat Biotech por 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin contiene “numerosas irregularidades”, que “deben ser aclaradas por el presidente”.
Algunas fueron reveladas el pasado viernes por el diputado Luis Miranda a una comisión del Senado que investiga la errática gestión del Gobierno de Bolsonaro ante una pandemia que ya ha matado a casi 514.000 brasileños y que, según muchos especialistas, está próxima a iniciar una tercera ola en el país.
“Podemos estar frente a varios casos de tráfico de influencias, corrupción pasiva y activa, prevaricación y otros delitos”, declaró Rodrigues sobre ese negocio, que implicaba un coste de 320 millones de dólares por vacunas aún no certificadas por la agencia reguladora de Brasil.
Según documentos presentados por el diputado Miranda, de la base que respalda a Bolsonaro, y su hermano Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud, en la negociación con Bharat Biotech se había acordado que parte del pago por las vacunas sería depositado a una empresa que no figuraba en el contrato.
Se trata de la firma Madison, que tiene sede en Singapur, lo cual la comisión parlamentaria consideró “altamente sospechoso” junto con otras cláusulas del contrato, que tenía como “intermediario” a un empresario brasileño que ya incurrió en fraudes en el área de la salud.
Ese empresario fue identificado como Francisco Maximiano, dueño de otra empresa investigada por corrupción por haber “vendido” al Ministerio de Salud unos insumos médicos que nunca entregó.
El diputado Miranda reveló que, en marzo pasado, le informó a Bolsonaro de sus sospechas y que el mandatario le dijo que ese era “un rollo” del legislador Ricardo Barros, jefe del grupo oficialista en la Cámara Baja y quien fue ministro de Salud entre 2016 y 2018, durante la gestión del ex presidente Michel Temer.
rechaza acusación. El Gobierno ha acusado a Miranda de “calumniar” y “traicionar” a Bolsonaro, quien por su parte ha dicho que desconocía detalles de las negociaciones para la compra de la Covaxin y subrayado que no se ha pagado “un centavo”, pues la vacuna aún no ha sido aprobada por las autoridades sanitarias y por tanto no ha llegado al país.
Bolsonaro, dijo que desconocía cómo iban las negociaciones de la vacuna india contra el Covid-19, porque, según apuntó, hay muchos ministerios en su Gobierno y no puede saber lo que pasa en cada uno de ellos. “Yo ni sabía de la cuestión de cómo estaban las tratativas de la Covaxin porque son 22 ministerios”, se justificó el mandatario en declaraciones a las puertas del Palacio de la Alvorada en Brasilia.
Dilema
El problema más inmediato para el presidente, Jair Bolsonaro, en fuerte caída de popularidad, es el legislador Ricardo Barros. Si lo protege, Bolsonaro arruinará la plataforma anticorrupción que lo ayudó a ganar la presidencia en 2018. Si lo abandona, corre el riesgo de romper su alianza con el Centrao, un heterogéneo grupo de partidos conservadores especializados en negociar ventajas presupuestarias. Esa alianza ha protegido al presidente de la apertura de alguna de las más de cien peticiones de juicio político.
