En la columna anterior, publicada el martes 11 de mayo pasado, se habían abordado las primeras premisas catalogadas en tan elementales como básicas para el manejo de la usina hidroeléctrica de Itaipú, a saber la binacionalidad permanente en la que se pone énfasis en que todas las decisiones deben ser tomadas conjuntamente por las dos ALTAS PARTES CONTRATANTES del Tratado entre Paraguay y Brasil, de sus Anexos A, B y C, así como de las Notas Reversales. Así también se puso hincapié en que para que las decisiones adquieran fuerza legal binacional, deberían estar de acuerdo en esa decisión tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo de ambos países.
CONTABILIDAD DE COSTEO DEL PASIVO. Esta modalidad, adoptada binacionalmente desde los mismos comienzos de la IB, se ha fundado en la excesiva dependencia de la misma de enormes deudas, cuya cancelación total demandaría varias décadas, y efectivamente hasta el 2023. Por eso se ha omitido la constitución de depreciaciones, así como la actualización del activo fijo y consecuentemente la estimación del valor del capital en frecuencia preestablecida. A través del costeo del pasivo o contabilidad de flujo de caja (vulgo) se aseguraba que todos los excedentes que tuviese la IB se destinaran exclusivamente a la amortización total de la misma. Y eso está a punto de acontecer.
Las diversas auditorías externas que se han practicado no han objetado dicho método porque las Normas Internacionales de Contabilidad y las de Información Financiera lo hacen posible en circunstancias excepcionales. De forma que pretender ahora, a las puertas de la cancelación total de la deuda, empezar a constituir depreciaciones, recurrir a consultoras internacionales para estimar el valor del activo fijo y el de mercado del capital, si bien sería una alternativa digna de ser considerada por ambas partes, si así lo decidieran ahora binacionalmente, no habría nada que criticar, desde el punto de vista legal.
No obstante, hay que tener en cuenta que dicha recurrencia a consultoras internacionales va a llevar mucho tiempo hasta obtener sus resultados y, además, lo más importante, no se puede estar seguros de cuál sería el valor de mercado del capital a ser obtenido por las mismas. Bien podrían llevarse ambas ALTAS PARTES CONTRATANTES una sorpresa ingrata. Finalmente y no por eso en último lugar de importancia, ¿cuál sería el objetivo de actualizar dichos valores si es que no se piensa vender la IB?
LA ANDE. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), creada por Ley Nº 966/64, tiene por objeto primordial satisfacer en forma adecuada las necesidades de energía eléctrica del país, con el fin de promover su desarrollo económico y fomentar el bienestar de la población. También es parte constituyente, junto con Eletrobras, de la ITAIPU BINACIONAL (IB). Para cumplir sus objetivos múltiples requiere de fuertes recursos financieros que le permitan cubrir sus costos de administración, operación y mantenimiento así como asegurar la expansión del sistema eléctrico nacional. Además debe poder acompañar el sostenido crecimiento de la demanda del país.
Las inversiones para expansión se realizan en buena medida con recursos provenientes de préstamos basados en bonos y créditos en moneda extranjera, con vencimientos cuyos montos a ser pagados se incrementarán bastante en el tiempo. Cabe señalar que sus ingresos son en su mayor parte en guaraníes y que la mayor parte de sus egresos son en moneda extranjera. Esta situación, a lo largo del tiempo, colocará a la ANDE en una seria situación financiera, cuya solución deberá buscarse entre ella y el Gobierno Nacional, afectando mínimamente las negociaciones para la revisión del Anexo C, desde la visión país. Se ha visto en simulaciones diversas hasta el 2030, hechas por la ANDE, y en varias conferencias técnicas que sólo en el hipotético caso de que la tarifa de la IB fuese reducida al mínimo posible y sólo en los últimos años de esa década proyectada. la ANDE vería solucionada parte de sus dificultades.
