El canciller paraguayo, Luis Castiglioni, aseguró semanas atrás que se buscará modificar el Tratado de Itaipú, con el fin de disponibilizar del 100% de la energía paraguaya para vender el excedente a terceros países. Fue la primera posición clara que demostró el Gobierno de Mario Abdo Benítez, en el marco de las conversaciones con los brasileños para la revisión del Anexo C del Tratado.
Sin embargo, Paraguay tiene sendas vallas que saltar si quiere lograr el objetivo. Dos de esos obstáculos son políticos, y el primero tiene que ver con la abierta posición del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien aseguró que no se tocará nada de lo que ya se ha firmado en el pasado. Vale remarcar que el artículo XIII del Tratado establece el derecho de adquisición para el otro país, en caso de que uno no utilice toda su energía. Esto no significa otra cosa que exclusividad para el Brasil.
El 26 de febrero del presente año, cuando asumió Joaquim Silva e Luna, director brasileño de la represa, Bolsonaro aseguró que “todo lo que está acordado por documentos ya no se cambia. Vamos a trabajar de aquí en adelante”.
El otro escollo que antepone el país vecino es su Ley 5899 de 1973 (Disposición sobre adquisición del servicio de Itaipú), la cual le obliga a contratar toda la potencia disponible de la binacional para ser utilizada por sus concesionarias.
Nota relacionada: Itaipú: Paraguay buscará el 100% de su energía para venderla a terceros
Si bien en la prelación de leyes el Tratado tiene más peso que una ley interna, es de público conocimiento que Itamaraty no tiene deseos de renunciar al excedente energético paraguayo y de hecho las autoridades brasileñas ya informaron que quieren asegurar su disponibilidad, al menos, hasta el 2023.
El tercer desafío le corresponde netamente a la ANDE y es la construcción de por lo menos dos nuevas líneas de 500 kilovoltios (kV) para retirar todo el energético que le corresponde al país. Hoy no se puede traer el 100% de nuestra energía y mucho menos utilizarla. Por ende, el Estado también deberá propiciar el consumo, ya sea en territorio nacional o atraer oferentes extranjeros, si es que no se crea una entidad comercializadora autónoma. Esto último viene siendo exigido por técnicos y miembros del Congreso.
TRATADO y ANEXO C. Es importante aclarar que los cambios al cuerpo del Tratado pueden hacerse en cualquier momento, siempre y cuando exista la voluntad de ambas partes.
En lo que se refiere al Anexo C (bases financieras) del documento, es solo esta sección la que tiene una obligatoriedad de revisión tras cumplirse 50 años de vigencia (en el 2023). En el anexo se tienen que analizar el costo del servicio de electricidad, la tarifa de venta del producto a los dos países, el pago de royaltíes y la cesión de energía.
También puede leer: “Paraguay dejó de recibir USD 75.400 millones por energía cedida de Itaipú”
Específicamente sobre el Anexo C, el Gobierno aún no ha adelantado una posición. De esta revisión dependerá si el Estado recibe USD 1.000 millones más al año, para lo cual deberá mantener la tarifa actual de Itaipú y cambiar el componente de pago de la deuda (ya cancelada) por otro (puede ser un fondo de inversión); o reducir el precio de la binacional para también bajar la tarifa de la ANDE a los usuarios locales.
ANDE da una señal sobre venta del excedente
La ANDE lanzó una convocatoria para que los interesados expresen su deseo de comprar la energía eléctrica de la estatal.
El objetivo es prever con suficiente antelación la incorporación de nuevas demandas de gran porte (superiores a 100 megavatios), destacó el aviso. En el mismo se lee que el llamado está dirigido a emplazamientos dentro o fuera del territorio nacional. Asimismo, el potencial comprador tiene la libertad de proponer la tarifa que estaría dispuesto a pagar.
Pedro Ferreira, titular del ente, indicó que la iniciativa se da con el fin de prever sus infraestructuras, organizar las diferentes propuestas, transparentar el proceso y prever tanto la contratación como la producción de la energía.