La Asesoría Jurídica, a cargo de Iris Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio Ovelar, había contratado a finales del año pasado a dos firmas por montos millonarios.
La primera se trata de la solicitud de pedido Nº 10065648, que autoriza la contratación de la empresa Geolegal, estudio jurídico ambiental sociedad simple. Fue por contratación directa para el asesoramiento jurídico en el ámbito ambiental, laboral, penal, civil y comercial por la suma de G. 1.440 millones, equivalentes a USD 208.445.
El segundo caso vincula la contratación directa para asesoramiento a la Dirección Jurídica del Estudio Jurídico Ramírez Maldonado Abogados y Asociados por valor de G. 1.416 millones, alrededor de USD 204.000.
Los diputados Kattya González y Édgar Acosta solicitaron informes sobre contratos suscritos por la Itaipú Binacional, Asesoría Jurídica o cualquier otra dependencia para la contratación de asesores jurídicos externos a la institución en el periodo comprendido entre agosto de 2018 y diciembre de 2021, con sus antecedentes documentales, montos, nombres y apellidos de los contratados.
Asimismo, pidieron información acerca de los contratos suscritos de manera directa por Itaipú en el periodo comprendido entre agosto de 2018 y diciembre de 2021 y la explicación de la fundamentación legal y reglamentaria.
Ante la negativa de la entidad, ambos diputados repudiaron la respuesta y anunciaron una demanda legal.
ALEVOSA RESPUESTA. A pesar de que los diputados invocaron la Ley 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, las autoridades de la hidroeléctrica niegan los datos alegando que es una entidad binacional.
Itaipú es una persona jurídica de derecho internacional, creada por un instrumento jurídico internacional con capacidad para producir actos propios independientes de la voluntad de los Estados contratantes, refiere la respuesta de las autoridades de la entidad.
“No puede ser considerada como un organismo de fuente pública y estar sujeta a las obligaciones que impone la Ley 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, refiere la respuesta dada a los diputados.
Al mismo tiempo, alegaron que la doctrina y jurisprudencia niegan el carácter público de la información de Itaipú, en razón de su naturaleza binacional.
“Se entiende que la información y los documentos de Itaipú Binacional pertenecen a la propia entidad y, por consiguiente, no se hallan a la libre disposición de terceros interesados ni de organismos estatales, más allá de las previsiones del tratado de origen”, sostiene la entidad.
Sobre los documentos internos de las contrataciones solicitadas, señalan que forman parte del patrimonio documental y del condominio binacional de la Itaipú, por lo que “se debe contar con la conformidad de ambos socios condóminos para su utilización. En el documento adjuntaron la planilla de empleados que forman parte de la dirección jurídica que, según las autoridades de la entidad, se encuentra publicada en la página web.
Adjuntaron una lista de juicios que tiene que enfrentar la entidad para tratar de justificar la contratación millonaria de estos estudios jurídicos en medio de los cuestionamientos.
