El 22 de octubre de 2024, representantes de la Municipalidad de Asunción se habían reunido con los pobladores en una asamblea. La conclusión a la que se llegó tras el diálogo fue que se plantearía una mesa técnica con representantes de la comisión vecinal. Pasaron más de dos meses y dicha mesa no se concretó.
Entre tanto, a mediados de diciembre del año pasado, se registró el derrumbe del patio de una de las pobladoras que vive en la zona del barranco.
“Fue a la mañana, cuando estábamos desayunando. Fue un temblor de aquellos, y ahora, cuando pasa la barcaza, se siente todavía el temblor”, dijo a ÚH Sandra Ayala, una de las vecinas afectadas.
“No es la primera vez que pasa”, contó además. “Ya se cayó dos o tres veces”.
Sandra es una de las numerosas pobladoras que asegura estar dispuesta a acceder a una reubicación, atendiendo al peligro que representa la ubicación de su vivienda y también a los gastos millonarios que ya realizó haciendo mejoras en el lugar.
“Estoy dispuesta, pero quiero que todo se arregle. Desde abajo, para que a los vecinos no nos afecte”, afirmó Ayala. “Y en todo caso, la última opción sería la indemnización”, añadió.
En la sesión de la Comisión Permanente, el concejal Javier Pintos recordó precisamente que la construcción del mirador, realizada en 2001 durante la administración de Martin Burt, “se hizo (...) despejando el lugar”.
“Aparentemente, hubo gente ocupando ese espacio en donde está hoy el mirador, y esas familias fueron indemnizadas”, aseguró.
El concejal Jesús Lara, por su parte, pidió que se instale “urgentemente, si es necesario a través de la Presidencia de la Junta”, la convocatoria para identificar cuáles son las familias más afectadas por el riesgo de derrumbe.
Lara, además, refirió que la medida de urgencia, que provocó sorpresa e indignación entre los vecinos, “no salió del municipio”.
“Se estuvo hablando con el comandante de la Policía, tampoco ellos (sic.) tienen a mano el pedido de orden de desalojo”, señaló.
Víctor Maldonado, presidente de la comisión vecinal de Ita Pytã Punta, dijo a su vez que unos funcionarios, al mando de Ariel Andino –director de la Policía Municipal de Vigilancia–, llevaron la notificación de la medida a su domicilio.
“No estaba ese día, entonces le dije que el lunes estaría por su oficina, (...) vine a retirar ese documento y me hicieron firmar el (...) acuse de recibo”, contó.
Al final de la sesión se resolvió solicitar la anulación de dicho documento.
