Debido a sospechas, el Instituto de Previsión Social (IPS) solicitó un control de la veracidad de los documentos que avalan la discapacidad a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), que en los primeros días de enero pasado, derivaron en la detección de los primeros 10 casos de “falsos discapacitados” que presentaron certificados apócrifos para obtener un puesto laboral en la previsional y en Petropar (Petróleos Paraguayos).
Los solicitantes se ampararon en la ley que establece la obligatoriedad de que el 5% del plantel en una institución pública sean de este grupo.
Además del IPS, donde hallaron 6 la primera vez, saltaron otros 4 casos en Petropar (Petróleos Paraguayos).
Recientemente, se detectaron otros 8 nuevos casos en el IPS, por lo que la cifra de desvinculados en la previsional suman 14, desglosó el abogado Cristian Fox, director de Gestión y Desarrollo de Talento Humano del IPS.
“Esto saltó porque justamente habíamos hecho un control cruzado con Senadis. A nosotros nos llamó la atención varios funcionarios contratados que habían presentado en su momento estos certificados de discapacidad. Pasamos a hacer un cruce con Senadis, y ahí saltó este tema. Nosotros tratábamos de manera permanente con Senadis. La denuncia salió del IPS, de la Dirección de Talento Humano”.
Tras el pedido de control cruzado, fue aumentando la cifra de certificados adulterados descubiertos, lo que demuestra cómo operaba una red que supuestamente falsificaba los documentos de discapacidad.
Según las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por los afectados (tres de los cuales garantizaron tener alguna discapacidad), la red estaba encabezada supuestamente por Julio González, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad del Paraguay (Asonadis), y Yimi Candia Torres, funcionario de Petropar y delegado departamental de Asonadis. La red –señalan– cobraba entre G. 2.500.000 y G. 7.000.000 por los trámites del documento apócrifo.
BAJO LA LUPA EN IPS. Los primeros afectados estaban en la categoría de contratados, por lo que se pudo proceder a la cancelación del compromiso laboral.
Las personas que presentaron los documentos falsos serán denunciadas ante la Fiscalía, según la recomendación de la Asesoría Jurídica de la previsional. “Salió una resolución del Consejo de Administración, que es la máxima autoridad, que ha encomendado a la Asesoría Jurídica que presente una denuncia en contra de esta gente”.
Los primeros casos salpican a funcionarios administrativos del Hospital de Villarrica. En su mayoría corresponde a funcionarios administrativos y algunos eran auxiliares de salud, dijo Fox.
La primera nómina incluye a Carlos S. González, Pamela S. Riquelme, Shirley A. Cabrera, Carolina Román y Carmen L. Román, según consta en un comunicado del IPS de mediados de este mes. Este grupo se desempeñaba en el Hospital de Villarrica.
AMPLÍAN INVESTIGACIÓN. El IPS remitió a Senadis otro grupo de la nómina de funcionarios con discapacidad para verificar la veracidad de los documentos. A raíz de este trámite se estima que podrían saltar más casos de certificados de contenido falso.
El IPS cuenta con un plantel de 230 funcionarios con discapacidad, de los cuales 140 son permanentes y 90 son contratados.
“Nosotros tenemos un plan anual, adherido a la ley de implementación de las personas con discapacidad. Hemos remitido las consultas a Senadis para que nos informen sobre cada uno de ellos. Probablemente haya más casos”.
Este caso se denuncia insistentemente a través de la cuenta en Twitter denominada Noticias del IPS.
“Esto saltó porque justamente habíamos hecho un control cruzado con Senadis”. Cristian Fox, de Talento Humano.
- 240 funcionarios con discapacidad –permanentes y contratados– forman parte del plante del seguro social.
- 14 funcionarios que presentaron los certificados falsificados de discapacidad ya fueron desvinculados.
Funcionario supuestamente está vinculado a la estafa
Tres afectados por la desvinculación del Hospital Regional de Villarrica del IPS, vinculados a los documentos falsos, denunciaron ante el Ministerio Público a Julio César González, que es funcionario permanente del IPS y presidente de Asonadis, quien tramitó y entregó supuestamente los documentos adulterados, tras el cobro de G. 2.500.000, incluso G. 17.000.0000.
Julio González, aparte de ser presidente de la Asonadis, es funcionario de la previsional hace 14 años y tiene un sueldo neto de G. 8.870.000, según el IPS. González figura con un cargo de directivo en la Dirección de Planificación.
Pese a las denuncias, aún no fue apartado del cargo. El abogado Cristian Fox, director de Talento Humano del IPS, dijo que derivaron las documentaciones a la Asesoría Jurídica y que aguardan un dictamen.
“Remitimos todos los antecedentes que nos han arrimado, más publicaciones de las redes. Él es funcionario permanente del IPS. Tenemos supuestos, que le están denunciando; también por la presunción de inocencia no podemos tomar la medida de desvincularle automáticamente. Él sigue en el cargo, todavía no se le ha apartado, atendiendo que no tenemos un dictamen jurídico”, dijo Fox.
ÚH se comunicó al número de Julio González, pero no respondió a los mensajes ni accedió a la entrevista.
Tres afectados por el IPS y cuatro de Petropar aseguran que son personas con discapacidad. Carlos González Benítez –con miopía, estrabismo y astigmatismo– acusa al titular de Asonadis de ofrecerle la afiliación para el trámite del certificado, por el que pagó un total de G. 17 millones, pero que fue estafado, denuncia. Carlos González informó, a través de una nota al IPS, que padece de una discapacidad y pide reconsideración de su caso.
Además, Shirley Cabrera y Pamela Riquelme, desvinculadas del IPS, también denuncian el modus operandi y el cobro de G. 2.500.000 por el documento. Ambas aseguran que padecen discapacidad: miopía y astigmatismo.
A las denuncias, se suman los de Petropar que son Carlos González, Emilio Benítez, Hugo Giménez y Diego Bogado. Acusan a Yimi Candia, funcionario de Petropar y representante de Asonadis, de entregar los documentos falsos tras el pago de G. 7 millones.
