Más de siete informes se suman en pedidos de la diputada Rocío Vallejo y el senador Rafael Filizzola, sobre la administración de Jorge Brítez al frente del Instituto de Previsión Social (IPS).
En el caso de Vallejo, la diputada remarca la falta de acompañamiento de sus pares para la intervención de la previsional y que ya en dos ocasiones enviaron a comisión el pedido de destitución a Brítez, presidente del Consejo del IPS.
Por su parte, el senador Rafael Filizzola afirmó que la crisis del Instituto de Previsión Social ya no puede considerarse coyuntural, sino estructural y en agravamiento, marcada por desabastecimiento, endeudamiento y falta de transparencia.
Filizzola aguarda la presentación del informe del IPS sobre la inversión financiera que tiene como plazo de vencimiento el 8 de abril.
Según señaló, el propio IPS reconoció oficialmente la existencia de stock cero en varios medicamentos, incluidos fármacos considerados urgentes para pacientes oncológicos, cardíacos, diabéticos y en terapia intensiva.
“No estamos hablando de faltantes menores”, advirtió, al referirse a asegurados que aportan regularmente al sistema y que no están recibiendo prestaciones básicas.
El legislador indicó que la deuda total de la previsional supera los USD 990 millones, en su mayoría correspondiente a compromisos con proveedores del sector salud, lo que afecta directamente la cadena de suministro.
No obstante, sostuvo que el problema no se explica únicamente por la magnitud de la deuda.
De acuerdo con datos presupuestarios, el servicio de las deudas estructurales representa una porción menor del presupuesto de salud proyectado para 2026. En ese sentido, apuntó a “fallas graves de planificación, priorización y ejecución del gasto”.
Filizzola también cuestionó la asignación de recursos a honorarios de abogados externos y contratos de tercerización, en un contexto de carencias críticas en insumos médicos.
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En el plano financiero, advirtió sobre un mecanismo que, según dijo, agrava la situación: la decisión del Consejo de Administración de absorber hasta el 50% del costo financiero en las operaciones de cesión de derechos de cobro, con un tope del 3,5% anual desprendido de un informe técnico realizado por el Partido Democrático Progresista (PDP), a partir de datos de acceso público del IPS.
“La deuda no solo trae desabastecimiento, sino un perjuicio económico adicional de varios millones de dólares”, señaló.
Ante este escenario, el senador presentó un proyecto de resolución que solicita al IPS, en un plazo de 15 días, información detallada sobre el estado de la deuda, las operaciones de cesión realizadas desde 2013, sus condiciones financieras, y un plan concreto para la reposición de medicamentos críticos.
“Los asegurados y sus familias merecen saber en qué condiciones está el sistema que sostienen con sus aportes”, afirmó, al tiempo de remarcar que el Senado tiene la obligación de exigir respuestas.
“No basta con gestionar la crisis. Hay que explicarla, asumirla y resolverla”, concluyó.
Por su parte, Roció Vallejo ennumera pedidos de informes a IPS sobre: Inversión financiera; inmuebles del IPS, alquileres, contratos, detalle de todo lo que tienen; tercerizaciones; cuánto cuesta el servicio de guardias y de limpiadores y finalmente lavandería, costo en IPS, costo de tercerización.
En la sesión del 4 de marzo en una moción sobre tablas de la sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó cinco proyectos de resolución impulsados por la diputada Rocío Vallejo (PPQ–Capital), mediante los cuales se solicitan informes al Instituto de Previsión Social (IPS) y a la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Con un plazo de 15 días hábiles, trámites que también pasan las solicitudes internas para finalmente llegar al IPS, con lo que también a mediados de abril debería tenerse una respuesta institucional.
Vallejo subraya además que aún no se trató el pedido de destitución del Jorge Brítez.
”Dos veces enviaron a comisión el pedido de instar al Ejecutivo a la destitución del presidente y de todo el consejo y la realización de una auditoría integral por parte de del Poder Ejecutivo”, explicó Vallejo. El 10 de marzo el pleno mandó al ”freezer” este pedido.
También lamentó los últimos acontecimientos relacionados a casos de negligencias médicas que siguen sacudiendo a la previsional.
