La fiscala Belinda Bobadilla, de la Unidad de Anticorrupción, solicitó a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados el legajo del hijo de la legisladora, es decir, de Elías Godoy, para saber si cumple o no funciones en el Congreso.
Además, se solicitó “sus datos completos; si es funcionario nombrado o contratado, con copia autenticada del documento respaldatorio; cargo que ocupa y salario, con todos los beneficios económicos que percibe y el legajo completo del investigado”, según comunicaron desde el Ministerio Público.
La causa se inició a raíz de una denuncia del abogado Hugo Armando Rojas, por los hechos de cobro indebido de honorarios, producción de documentos no auténticos y estafa.
A finales del año pasado, salió a luz que Elías Martín Godoy, había sido contratado con un jugoso sueldo en el cargo de asesor de su propia madre, habiendo egresado recién del bachiller y teniendo tan solo 19 años.
UBICADO. Cuando saltó el caso, y a raíz de la presión de la prensa y la ciudadanía, al ver que el joven no se presentaba a la oficina, un día le montaron un puesto en sede de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén), en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, como si hubiera sido comisionado.
Se mostró ante las cámaras sentado en un escritorio, con carpetas, documentos y bolígrafos, y se excusó de hablar, diciendo que estaba trabajando.
Sin embargo, eso no duró mucho, ya que fue el propio titular de dicha entidad quien desmintió que él sea funcionario de la institución y decidió cambiar a la directora que lo cubrió.
Al otro día, nuevamente apareció Godoy “cumpliendo labores”, esta vez, en la oficina de su madre, ubicada en la Gobernación del mismo departamento.
En esa segunda oportunidad, ya contaba con una computadora en su escritorio.
Luego del escándalo, la propia diputada salió a hablar, y alegó que no se trata de un caso de tráfico de influencia y tampoco de nepotismo.
Anunció que su hijo renunciaría, pero, hasta hoy, sigue atornillado en su puesto, por lo menos en papeles.
OTROS. La primera investigación abierta tras las denuncias de masivos contratos a familiares en el Congreso fue contra el senador Silvio Beto Ovelar, por tener a su hijo trabajando en Diputados.
Además, una veintena de autoridades (en su mayoría, legisladores) fueron denunciados también por la abogada Teresa Flecha, y desde el Ministerio Público dijeron estar analizando si amerita o no abrir una investigación.
