El Plan Cóndor, un esfuerzo criminal fruto de la coordinación de las dictaduras del Cono Sur en su ambición por eliminar a los opositores políticos que creó la mayor cadena de represión transfronteriza y violación masiva de los derechos humanos, está lejos de ser totalmente develado.
A la fecha, décadas después de concluidos los regímenes totalitarios en la zona, los agujeros de información persisten, en tanto diversos actores de la sociedad civil consolidan redes de colaboración que buscan entender los orígenes, fundamentos y acciones de la represión transnacional en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador.
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REDES FUNDAMENTALES
Para la académica de Oxford y una de las mayores expertas mundiales en el tema, Francesca Lessa, las redes que forman “buscadores de justicia” entre sobrevivientes, familiares de víctimas, activistas de derechos humanos, académicos, abogados e investigadores, toman especial relevancia.
“Estas redes transnacionales son fundamentales para poder avanzar en la búsqueda de verdad y justicia (...) Como estos crímenes cruzaron las fronteras al momento de su comisión, se necesita ahora un cruce de fronteras para recopilar la información necesaria para lograr verdad y justicia”, dijo Lessa a EFE.
“Por ejemplo, el acceso a documentos de archivos, al testimonio de víctimas, familiares y peritos, y a sentencias judiciales de otros países. Esta colaboración entre los buscadores de justicia es permanente y proactiva”, destacó la investigadora.
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Por otro lado, Lessa resaltó la colaboración judicial internacional que se ha dado entre algunos países de la región, especialmente entre Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay para casos específicos; sin embargo, advierte, se trata de una coordinación más “esporádica y generalmente reactiva”, que cuenta con ritmos institucionales más aletargados y que responde a la acción de tribunales.
“AÚN FALTA VOLUNTAD POLÍTICA”
Si bien países como Argentina han llevado a puerto políticas para esclarecer los delitos cometidos por la dictadura, se trata, según Lessa, de una “excepción”.
“En los otros países no existen tales políticas públicas. El principal obstáculo para que esta colaboración entre Estados sea oficial y permanente es que todavía está faltando la voluntad política de parte de los gobiernos de los países que integraron el Plan Cóndor”, afirmó a EFE.
“Siguiendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se torna crucial la realización de dicha colaboración con urgencia, ya que el riesgo de la “impunidad biológica”, es decir, la falta de investigación de los graves delitos debido a la muerte de los imputados, se acerca cada vez más debido al paso del tiempo y a los casi 50 años de denegación de justicia desde los golpes de Estado”, agregó.
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“LA DESAPARICIÓN ES UN DELITO ACTUAL”
La abogada de derechos humanos y representante de víctimas de la dictadura cívico-militar chilena, Karinna Fernández, coincide en el diagnóstico: la falta de una política estatal para establecer activamente los hechos continúa.
“Esto pasa principalmente porque no se han abierto los archivos militares, diplomáticos y de las empresas vinculadas a estos hechos, en general, en ninguna parte de los países involucrados en Operación Cóndor”, dijo Fernández a EFE.
“Esto nos ha llevado a sostener que la desaparición sigue siendo un delito actual, principalmente, porque no ha existido una colaboración directa de los gobiernos posteriores a las dictaduras para aclarar los hechos y establecer las responsabilidades”, añadió.
A falta de políticas transversales a nivel regional, múltiples organizaciones de la sociedad civil en Uruguay y Chile impulsaron la plataforma plancondor.org, una base de datos que centraliza los casos y recopila información previamente dispersa sobre Plan Cóndor.
