Editorial

Investigación de ÚH había revelado existencia de puertos clandestinos

Hace menos de un año, una investigación de Última Hora revelaba la existencia de puertos clandestinos para el tráfico ilícito en la zona de la franja de Itaipú. Y hace solo un par de días una gran operación de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), con la ayuda de la Secretaría Nacional Antidrogas, incautó millones de cajetillas de cigarrillos preparadas para el contrabando, precisamente a orillas del lago Itaipú. La mayoría de los cigarrillos incautados son de la Tabacalera del Este, propiedad del ex presidente de la República, Horacio Cartes. La acción refuerza el valor de un periodismo riguroso como una poderosa herramienta que contribuye a la transparencia, el combate a la corrupción y un soporte a la democracia.

La mayoría de los cigarrillos incautados el miércoles por la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, en la zona de colonia Camino 3, en Salto del Guairá, pertenecen a la empresa del ex presidente Horacio Cartes. En el lugar fueron encontradas cajas de cigarrillos de las marcas Palermo, Classic, Eight, que representa Tabesa; al igual que fueron halladas marcas que pertenecen a la Tabacalera Mercury y otras. Así también se encontraron 15 tractocamiones, 12 lanchas cargadas de mercancía, cinco depósitos y pistas clandestinas, que hablan a las claras de una gran estructura y logística dedicada al negocio ilícito.

Con esta acción que involucró el trabajo coordinado de varias instituciones se logra demostrar los alcances de los negocios ilícitos, en una extensa franja de 1.524 kilómetros de la represa binacional, que con toda impunidad es utilizada en forma regular para el tráfico de drogas, armas y cigarrillos.

La serie de reportajes Los narcosojales de Itaipú: Negociado y destierro binacional, publicados por este diario, recibió incluso el reconocimiento de la organización Amnistía Internacional, un reconocimiento que destaca el valor de la investigación periodística para denunciar las irregularidades que persisten en nuestro país, y como una contribución a la transparencia y a la lucha contra la corrupción.

Entre las ciudades de Hernandarias y Salto del Guairá, en el lado paraguayo, y Foz de Yguazú y Guaira, en el lado brasileño, en tierras de la hidroeléctrica binacional Itaipú, se conoce de la existencia de por lo menos 261 puertos clandestinos, todos ellos dedicados al tráfico ilícito. Por estos puertos ilegales pasan de contrabando drogas, armas, electrónicos, rollos de madera y cigarrillos.

De acuerdo con la publicación, el ingreso para invadir la franja de Itaipú y montar estos puntos delictivos se realiza desde los sojales de poderosos agroempresarios, la mayoría de origen brasileño, muchos de ellos descubiertos incluso en fragante delito. La invasión de la franja de Itaipú, invadida desde sojales de productores, la mayoría brasileños, para montar puertos de contrabando y narcotráfico entre Paraguay y Brasil, cuenta con la complicidad de militares de la Armada Nacional, responsables de cuidar la frontera, y es casi un secreto a voces.

Esta actividad delictiva transnacional es un verdadero flagelo, que debilita las bases no solo de nuestra economía, sino fundamentalmente de las instituciones democráticas. Es difícil imaginar el florecimiento de un tipo de actividad ilegal, en una zona de frontera, en una zona tan sensible como es la franja de Itaipú, sin que se cuente con la complicidad alevosa de las autoridades. Y es todavía más difícil de creer que las autoridades no hayan detectado las decenas de lanchas, y modernas embarcaciones o los enormes camiones abandonando el territorio paraguayo rumbo a Brasil. Paralelamente, se había revelado en el extenso reportaje la historia de destierro sufrida por las comunidades Avá Guaraní por parte de la hidroeléctrica Itaipú, comunidades desplazadas, que siguen luchando por recuperar su territorio ancestral.

El operativo que descubrió las cargas ilegales debe ser visto como una oportunidad para el Estado paraguayo de proteger las tierras públicas ocupadas por la delincuencia transnacional, que socava además las bases de la democracia.

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