Interior

Invasores desocuparon terreno en franja de protección del lago Acaray

En esta zona se proyecta la edificación de la megaobra de la Costanera. La palada inicial se realizó en diciembre pasado, pero la construcción está parada debido a una protesta en Contrataciones.

Los ocupantes de la franja de protección, donde se proyecta la construcción de la costanera del lago Acaray, ya abandonaron el predio luego de ser notificados por la División de Fiscalización, dependiente de la Dirección de Recaudación de la Municipalidad de Ciudad del Este, Alto Paraná. Una sola persona aún no retiró el cerco, pero se comprometió a despejar el terreno.

Los fiscales se trasladaron hasta la zona de la futura costanera municipal, en el kilómetro 8, para verificar el cumplimiento de las notificaciones de despeje del espacio público realizado días atrás. La Comuna había dado un plazo de 48 horas a los ocupantes para hacerlo por medios propios.

De acuerdo con los datos de los notificados, solo una persona no acató la disposición municipal, pero en comunicación con los responsables de la División de Fiscalizaciones solicitó tiempo para realizar el retiro de sus pertenencias. De todos modos, de esta situación se dejó constancia en el acta del procedimiento que se cumplió en el lugar.

Se confirmó que en caso de que no se cumpla con el compromiso asumido, todos los antecedentes serán derivados al Juzgado de Faltas para la apertura de un sumario administrativo, donde se podrá ordenar el desalojo del lugar, como ya ocurriera en ocasiones anteriores en este mismo sector, donde ya en el año 2014 se proyectó la construcción de una costanera.

Javier Miranda, jefe de la División de Fiscalización de la Comuna esteña, explicó que como corresponde, y de acuerdo con el plazo dado, se constituyeron en el lugar para verificar el cumplimiento de las notificaciones realizadas, labrando acta de todo el procedimiento.

A LA ESPERA. Por otro lado, se espera la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con relación a la impugnación planteada por parte de la empresa Aponte Latorre SA, representada por Osvaldo Aponte Rodríguez. El proyecto fue adjudicado al consorcio Ñande Y Potî, de Darío Marciano Zárate Rondelli, por un monto de G. 11.524.728.822 en modalidad plurianual.

El accionante considera que fue descalificado de manera irregular de la puja licitatoria, por lo que planteó la impugnación, paralizando la obra. Esta empresa presentó una oferta menor, de G. 10.620.279.355, según el informe del comité de evaluación conformado por Vidal Vázquez, director de Recursos Humanos, y Stefany Garcete, directora de Área Urbana, y Pedro Acuña, asesor de la Intendencia.

La Comuna ya envió su descargo a la DNCP, que debe resolver si acepta o no la protesta de la empresa. De ser así, el comité debe volver a evaluar la propuesta de cada oferente que participó de la licitación.

Se espera una resolución para determinar una nueva fecha para el inicio de la obra. En diciembre pasado, el intendente Miguel Prieto encabezó una comitiva de funcionarios y concejales que dieron la palada inicial, pero ahora sigue parada debido a la protesta.

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