A pedido de la fiscala Natalia Silva, el juez Julián López emplazó al contralor general de la República, Enrique García, al tiempo máximo de 72 horas, para que informe sobre la declaración jurada de bienes del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, desde el periodo en que este asumió el cargo hasta que culminó.
Desde la primera resolución que fue firmada por el juez Rubén Riquelme, García es reacio a la entrega de los documentos de las declaraciones juradas de las autoridades, ante las cuales puso varias chicanas desde el mes de mayo, cuando le pidieron entregar.
El ex hombre fuerte del Ministerio Público había jurado el 23 de noviembre de 2011 y estuvo en el cargo hasta el 22 de enero de este año, cuando pidió permiso para luego renunciar a su cargo.
El mencionado magistrado refirió a los medios de comunicación que el pedido solicitado por la agente del Ministerio Público que indaga el caso de Díaz Verón es con el fin de determinar si existe una igualdad de montos sobre los bienes que el ex fiscal general del Estado declaró en la Contraloría y lo que tiene actualmente.
López explicó que el pedido realizado por el Ministerio Público es con el fin de determinar si existe o no una correspondencia de los bienes que Díaz Verón declaró en la Contraloría.
López también autorizó el peritaje de 12 aparatos móviles, 12 pendrives y devedés que fueron incautados en los allanamientos realizados en la residencia del ex fiscal general.
“Esto se realizará para ir teniendo elementos que puedan servir para la investigación por los hechos que se le imputan a Díaz Verón”, explicó.
En mayo pasado, la Contraloría General de la República (CGR), a través del director jurídico César Núñez, había anunciado que no entregará las declaraciones juradas de autoridades electas desde 1998 hasta el 2017 tal como lo ordenó el juez Rubén Darío Riquelme.
“La Ley 5033/13 habla de la prohibición de copias juradas. Dice que debe ser a través de órganos jurisdiccionales. Entendemos que se debería dar en el marco de una causa”, señaló Núñez en aquel entonces.
En agosto, la fiscala Estefanía González imputó a Díaz Verón por enriquecimiento ilícito, así como también a su esposa, María Selva Morínigo de Díaz, por lavado de dinero.
Amparo resuelto vía judicial
El juez Rubén Riquelme había resuelto hacer lugar a la acción de amparo constitucional promovida por el ciudadano Juan Lezcano contra la Contraloría General de la República, por lo cual la institución debió dar a conocer las declaraciones presentadas por las máximas autoridades gubernamentales (presidente, vicepresidente, ministros, secretarios con rango de ministros, legisladores, ministros de la Corte, gobernadores, intendentes, integrantes de juntas, directores de Itaipú y Yacyretá, entre otros) entre 1998 y 2017. Sin embargo, hasta la fecha no se materializaron.
