Entre 2018 y 2019 varios intendentes de municipios del interior pasaron por el banquillo de la Cámara de Diputados donde estuvieron en proceso de intervención o, una vez intervenidos, se salvaron de la destitución.
Llaman la atención los casos de las intendencias de Humaitá, Guazú Cuá, Paso de Patria, todas ellas de administraciones coloradas.
El caso de Humaitá, donde el intendente es Víctor Bordoli, quien tiene varios procesos judiciales pendientes, salta a la luz por el hecho de que precisamente en el período pasado fue denunciado por sus ediles que establecieron como causal de intervención la falta de documentación de los actos producidos por el Municipio, lo que llevó a un faltante supuesto de G. 2.700 millones (ver infografía).
En la misma zona de Ñeembucú, minada de intendentes que no cumplen con la presentación de los informes sobre gastos de los recursos que le brinda el Gobierno Central, está el distrito de Guazú Cuá, que tiene varias denuncias tanto de malos manejos como de violencia doméstica. Su intendente se llama César Machado. En 2019 una mayoría conformada por diputados de la ANR y el PLRA decidió archivar la intención de intervenir el Municipio.
La intendencia de Paso de Patria, la que también está entre las que salvaron los diputados de una posible intervención, ha reincidido en la falta de provisión de informes sobre el uso de Fonacide y royalties. Sobre la figura de Rolando Arrúa, su jefe comunal, pesa una denuncia de supuesto faltante de G. 12 mil millones durante su gestión.
También se salvó, pero en este caso de la destitución, el intendente de San Pablo, del Departamento de San Pedro, su intendente Antonio Peralta. Dicha administración fue intervenida en 2018 ya que su gestión no pagaba dieta a ediles, además de tener supuestamente varias fallas administrativas.
Guairá. En la ciudad de Colonia Independencia, su intendente Arnaldo Chávez, también estuvo en la consideración de los diputados para ser intervenida, lo que finalmente no ocurrió. El hecho de ser de la línea abdista del partido jugó a su favor.
Llanismo. Tampoco y pese a tener en el expediente de pedido de intervención del que se salvó, con 27 causales en contra, el intendente Jacinto González (PLRA-llanista) aún goza de impunidad y además se dio el lujo de no rendir cuentas de Fonacide y royalties. En 2018 fue denunciado por la falta de rendición de Fonacide por un monto de G. 6.300 millones.
