La jueza Isabel Bracho, del Juzgado de Garantías Nº 2 de Lambaré, resolvió admitir todas las inclusiones probatorias presentadas por la fiscala María José Pérez, que lleva adelante la investigación.
La jueza, de esta manera, rechazó los incidentes de nulidad de acusación y de extinción, así como del sobreseimiento definitivo, que había presentado la defensa del jefe comunal.
Mendoza fue denunciado en el año 2015 y desde entonces estaba en la mira de la Justicia por un faltante de G. 715.303.500 durante su administración.
De acuerdo con los datos que maneja el Ministerio Público, Mendoza no utilizó los fondos para merienda escolar, así como para construcción de aulas del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
La denuncia fue presentada por varias comisiones vecinales que aseguraban que no se utilizaron los fondos, a pesar de que en la Municipalidad figuraban como ejecutados.
Las comisiones acompañaron la denuncia con documentos que estarían probando sobrefacturaciones en construcción de aulas y provisión de merienda escolar para las escuelas San Miguel y Oñondivepa.
En agosto del año pasado, otro grupo de ciudadanos fue hasta la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción para denunciar otro supuesto perjuicio patrimonial de G. 23.500 millones por parte de Mendoza.
Algunos pobladores montaron una carpa frente al edificio municipal pidiendo la renuncia del acusado y exigiendo la intervención de la Municipalidad.
