15 abr. 2026

Instan a resolver conflicto de tierra

UHPOL20260213-007A,ph01_10860.jpg

Sesión. Legisladores cuestionaron inacción de autoridades.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó un proyecto de declaración “que insta al Ministerio Público, al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), al Ministerio del Interior (MI), y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a tomar medidas urgentes para resolver el conflicto en la localidad de Ypejhú, Departamento de Canindeyú”.

La iniciativa fue presentada por el diputado Benjamín Cantero ante la situación de inseguridad jurídica y social que persiste en la zona, en el marco del conflicto entre la firma Agropecuaria Principado SA y la comunidad indígena en formación Tekoha Karapá, en Ypejhú.

“Tras la visita técnica realizada por legisladores y autoridades del Ejecutivo, el pasado 16 de enero, se han asumido compromisos institucionales que, a la fecha, no han tenido el impulso ni la ejecución operativa necesaria para brindar la solución esperada”, menciona la exposición de motivos.

En ese contexto, el documento advierte que la inacción de las instituciones involucradas “no solo prolonga el riesgo de enfrentamientos violentos, sino que desestima el esfuerzo de mediación realizado por este Congreso Nacional”.

“Esta Comisión debe exigir el cumplimiento de las funciones legales de cada entidad, garantizando el derecho a la propiedad privada y los derechos de los pueblos indígenas, sin mayor dilación”, expresa el texto.

El proyecto de declaración insta a la Fiscalía General del Estado a impulsar, con prioridad y objetividad, las investigaciones penales vinculadas a las denuncias presentadas en torno al conflicto, “asegurando que la acción penal pública sirva como freno a la comisión de hechos punibles en la zona”.

También exhorta al INDI a realizar de manera inmediata un censo y un análisis técnico sobre la situación de la comunidad en formación Tekoha Karapá, “emitiendo un dictamen jurídico claro que otorgue certeza tanto a los pobladores indígenas como a los propietarios afectados”.

Finalmente, insta al Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, a garantizar la seguridad y el respeto a la propiedad privada.

Más contenido de esta sección
El intendente de Caazapá, Amado Díaz Verón, hermano del actual senador Pedro Pipo Díaz Verón, fue denunciado por dos concejales colorados de la disidencia ante la Fiscalía de Delitos Económicos. Señalan supuestos hechos punibles relacionados con lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal, en el marco de su administración municipal.
En Honor Colorado varios legisladores manifestaron su hartazgo por el comportamiento del senador Javier Chaqueñito Vera y señalaron que será un alivio que concrete su renuncia.
El cartismo le soltaría la mano al senador Javier Chaqueñito Vera, quien amenazó a sus colegas con “renunciar”. Lejos de adularle, el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, dijo que “se llenó el vaso” con el ex Cruzada Nacional y que hasta le haría un favor al Senado si dimite.
Para las 9:00 de este este miércoles está previsto el anuncio del candidato único de la disidencia de la ANR para disputar por la intendencia de la municipalidad de Asunción. Según la confirmación de varios actores políticos, el senador Arnaldo Samaniego será quien lleve la candidatura, a partir de una encuesta.
Surgen rumores de que el senador Javier Chaqueñito Vera renunciaría a su banca, pero no por el escándalo del acceso privilegiado a una vivienda económica del MUVH, sino por la difusión de audios comprometedores que lo involucrarían con menores de edad y que el legislador sostiene que fueron manipulados con inteligencia artificial. El propio cartismo le estaría presionando para dejar su escaño.
La Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (Clibch) expresó su profunda indignación ante la situación que se vive día a día en las comunidades, donde falta acceso a agua, salud, educación, caminos y tierras en condiciones dignas, mientras altos funcionarios del Estado se asignan millonarios recursos públicos en concepto de bonificaciones y privilegios.