Instan a que los legisladores respeten el espíritu de la ley, a modo de garantizar la privacidad y el control sobre los datos personales, como valores de una sociedad democrática.
En este sentido, la oenegé Tedic, líder en defensa de los derechos digitales en Paraguay, considera enfáticamente que es hora de abordar este vacío en materia de protección de datos en un contexto donde “los riesgos en el manejo de datos personales están creciendo exponencialmente en nuestro país, tanto por la implementación de nuevas tecnologías intrusivas a la privacidad en el ámbito privado con fines comerciales, como también por las amenazas a la privacidad de las personas desde lo público, como ocurrió con la reciente filtración de bases de datos de la Policía Nacional”, expresaron.
Además, Tedic subraya la necesidad de una ley integral de protección de datos personales que esté centrada en las personas, el respeto de los derechos humanos e incorporando la innovación como un elemento constante de análisis. La organización insiste en que la redacción de la ley debe estar libre de ambigüedades, buscando un equilibrio justo entre la protección de datos, el interés público y la libertad de expresión.
“Invitamos a todas las personas a que participen de esta sesión tan importante en el Congreso y esperamos el apoyo de la ciudadanía y del sector privado en reconocer la importancia de esta ley para el país”, señaló Maricarmen Sequera, codirectora ejecutiva de Tedic.
La organización además reitera la importancia de mantener el espíritu de la ley, ampliamente discutido en comisiones y analizado junto a la Coalición de Datos Personales. Así, ven clave que la ley reconozca una autoridad de aplicación, la que a efectos de que la norma sea viable debe ser completamente independiente e imparcial; dotada de poderes y recursos necesarios para un ejercicio y desempeño efectivo; capaz de tomar decisiones solo recurribles vía judicial y autorizada para sancionar entidades en caso de violaciones de protección de datos. Además proactiva en la ejecución de investigaciones. El trabajo involucró a parlamentarios, pero sobre todo a expertos de los sectores público y privado y la sociedad civil.
Postergación. Miembros de Asuntos Constitucionales, no dictaminaron ayer por lo que se prevé el aplazamiento, según el diputado Roberto González.
