De acuerdo con el pedido postulado por el diputado liberal Diosnel Aguilera, son tres las instituciones que entienden en casos de expropiaciones y desafectaciones, y las que deberían velar porque se cumplan los requisitos legales.
Así, se aprobó instar al “Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia, a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 5832/2017 que dice: ‘No podrá ser objeto de estudio y consideración por ninguna de las cámaras del Congreso Nacional, ningún proyecto de ley de expropiación o desafectación que no contenga en su totalidad, los requisitos establecidos en la presente normativa”.
Finca 916. En el año 2019, el entonces diputado Basilio Núñez presentó con otros colegas otro proyecto de ley para regularizar varios asentamientos que ocuparon las tierras del Ministerio de Defensa.
Este proyecto fue aprobado por el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo en mayo de este año, con la Ley N° 7083/2023, firmada por el entonces presidente Mario Abdo Benítez, desafectando un total de 1.167 hectáreas para los asentamientos Nueva Asunción, San Ramón, 8 de Diciembre, kilómetro 25 Martín Luisa, kilómetro 24 entre otros.
La Procuraduría General de la República empezó la recuperación de algunos de los lotes y todos los beneficiarios irregulares deberán desocupar indefectiblemente.
