Habría que agradecerle al senador Bacchetta por haber aguijoneado de nuevo a esta sociedad indolente y pesimista con respecto a los cambios de la Justicia.
No le fue suficiente la historia reciente de González Daher, Oviedo Matto y de su secretario Fernández Lippman; creyó tontamente que podía escribir su apoyo abierto al procesado Ulises Quintana –quien hace campaña política vía internet desde la cárcel– sin que nada pasara. Y no fue así.
El aluvión de críticas mostró el grado de hipersensibilidad del paraguayo hacia la injusticia manifestada en la abierta manipulación de jueces y fiscales con la docilidad de estos en muchos casos.
Se indignaron algunos colectivos, pero lo más interesante es el grito a voz en cuello de los que pidieron que no solo renuncie a su condición de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (así, en minúsculas) o de su propia condición de senador.
La ciudadanía está indignada por el comportamiento de Bacchetta, quien –como si fuera un mafioso napolitano– pretende calificar de injusta una prisión al tiempo de enviar un mensaje claro de amenaza a fiscales y magistrados diciéndoles contra quiénes se toparán si no hacen lo que él ordena.
No se requirió de grabaciones telefónicas, no hizo falta ningún debate en torno a la legalidad o no de dichas pruebas, lo escribió en el Twitter y no le alcanzó por supuesto que dijera que lo habían mal interpretado como tampoco el renunciar a los casos que podrían terminar en el Jurado de ese proceso.
Bacchetta debe irse del Jurado de Enjuiciamiento. No tienen ninguna garantía la Justicia, el estado de derecho ni la ciudadanía con alguien de su catadura moral. Tampoco sirve que su suplente sea el enjuiciable Zacarías Irún ni este mal peor le puede servir de argumento para quedarse un minuto más en el cargo.
En el reinicio del periodo parlamentario sus propios colegas en el Senado deben discutir si debe incluso seguir sentado entre ellos como legislador.
Su abierta y desembozada injerencia calificando de injusto un proceso en curso ha sido tan grave que despertó la atención del cauteloso embajador norteamericano en Asunción y le ha dado legitimidad y actualidad a los escrachadores que tienen ahora una nueva misión con Bacchetta.
La repulsa ciudadana debe ser correspondida por los mandatarios.
Esto que aconteció es gravísimo y contentarse con la torpe explicación del senador es volverse cómplice de sus dislates y amenazas.
Si queremos una democracia, ningún acto de este tipo, aunque parezca menor, debe ser tolerado. La sociedad espera sanciones ejemplares, la vapuleada y humillada Justicia paraguaya requiere signos de redención y los partidos tienen que sanearse de quienes solo aceleran su decadencia y deterioro.
Hay un hambre de Justicia en el Paraguay y la provocación de Bacchetta no ha sido solo un gesto de solidaridad hacia su socio, sino que extendió severas dudas de complicidad y apoyo al crimen que se pretende esclarecer y castigar. Bacchetta es indigno del cargo que ostenta y debe marcharse por el bien de la República.