El juicio es por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.
En la oportunidad, la defensa solicitó la nulidad de la acusación fiscal y el sobreseimiento definitivo del encausado.
El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por Matías Garcete y Elsa García.
ACUSACIONES. Sobre Adorno pesan varias acusaciones. Una de ellas guarda relación con la adquisición una camioneta de la Marca Mitsubishi Modelo L 200 Triton Sport, año 2.022 0 km., de la Firma Nippon Automotores SA, por valor de más de G. 325.000.000, haciendo una entrega de G. 50.000.000, pago hecho con cheque de la municipalidad de Puerto Casado, que registró a su nombre con número de chapa AAJS 012. Además, dictó una resolución por la cual se adelantó tres meses de salario. Por ese hecho se amplió la imputación por administración en provecho propio, ese derecho no existe para ningún funcionario público y mucho menos para un ordenador de gastos.
Otro cuestionamiento es que en su ejecución presupuestaria rindió cuenta sobre la supuesta provisión de almuerzo escolar a escuelas primarias de comunidades indígenas en 2022 y 2023 por más de G. 600 millones. No obstante, según datos no habría entrado siquiera un plato de comida.
A esto hay que sumar un informe de la Contraloría que revela un presunto desfalco de alrededor de G. 8.800 millones en solo 18 meses de gestión.
