El Poder Ejecutivo había remitido al Parlamento el proyecto de ley de gobierno corporativo para las empresas públicas, con el que pretendía darles mayor eficiencia y rentabilidad. La normativa buscaba implementar directorios en todas las firmas estatales.
Sin embargo, la iniciativa generó rechazo de los trabajadores de diversas compañías, pues aseguraron que se trataba de un intento para introducir costosos cupos políticos y además sería el camino para la privatización.
Benigno López, ministro de Hacienda, salió a negar que se buscaba el clientelismo político con la medida y aseguró que el fin era generar eficiencia en las compañías estatales, con una segregación de funciones que permita mejorar la calidad de los servicios básicos.
Apuntó que, en la actualidad, las prestaciones que brindan las firmas públicas son deficientes, lo que genera continuos reclamos por parte de la ciudadanía. Acerca del impacto que podrían tener los directorios y su consecuente creación de cargos de dependencia en el presupuesto estatal, mencionó que aún no se sabía el costo. Ratificó que se pretendía la inversión en capital humano para que las empresas funcionen como las privadas.
Los sindicatos de Petropar fueron los más reticentes a aceptar el cambio de la estructura y amenazaron con parar totalmente las operaciones en la planta de Villa Elisa y en la alcoholera de Troche. Aseguraron que los cargos en el directorio serán asignados por favores políticos y se gastaría mucho dinero, en lugar de hacer inversiones.
Pusieron como ejemplo a Copaco, que tiene directorio, pero hace rato dejó de ser una firma eficiente.
Cuando los trabajadores se proponían a tomar una medida conjunta con los sindicatos de otras entidades públicas, como el Sitrande de la ANDE, el Ejecutivo decidió retirar nuevamente el proyecto de ley del Congreso.
