En el 2016, Paraguay se comprometió a establecer una comisión independiente para investigar todas las denuncias en el proceso ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el Examen Periódico Universal al Paraguay, ante cuestionamientos de Alemania y Estados Unidos.
Una publicación de Ñandutí Digital, que accedió al informe de la Comisión Especial del Congreso sobre el caso, dio a conocer las conclusiones de la comisión integrada por Diego Bertolucci, a más de los abogados Soledad Ávalos y César Giménez.
El informe reveló que en el caso hubo un procedimiento desproporcionado y una hipótesis inconsistente sobre las muertes. Revela que la orden judicial no era para desalojo, sino para identificar a los ocupantes del predio. Además, que la hipótesis de una emboscada preparada no tenía “pruebas ni alegaciones”.
La resolución de los camaristas Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón y Arnaldo Martínez Prieto, ahora denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la propia fiscala general Sandra Quiñónez, tuvo prácticamente las mismas conclusiones para absolver a los procesados.
otros. En el 2014, ya 13 miembros del Parlamento Europeo, 3 alemanes, 3 griegos, 2 franceses, uno de Dinamarca, España, Portugal, Irlanda y Holanda, habían pedido suspender el juicio hasta que no se determinara quién es el propietario de las tierras.
Tras el fallo de la Corte integrada por camaristas, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, saludó la decisión del Máximo Tribunal de revocar la sentencia condenatoria a los acusados. Abogó por una investigación “independiente e imparcial en la causa”.
A esta reacción, también se sumó Amnistía Internacional, a través de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas, que celebró la absolución de los procesados como “una victoria para los derechos humanos”, ya que habían sido “injustamente condenados”.
Organizaciones de derechos humanos nacionales, en especial la Codehupy, habían aplaudido la conquista. En un comunicado dado esta semana, ahora repudian la actitud de la fiscala general, Sandra Quiñónez, de denunciar a los magistrados ante el JEM.