El documento completo de más de 800 páginas fue hecho público ayer por la senadora Desirée Masi en sus redes sociales y se puede acceder al material en la página web del diario Última Hora
En este contexto, el informe de la CBI en sus conclusiones resalta que “es bien sabido, que muchas o algunas de las personas que forman parte de este esquema, en algún momento, fueron procesadas por el Ministerio Público, como así también sus empresas; también se puede afirmar la permisibilidad de esta institución en particular, junto al Poder Judicial, que no castigó como corresponde a los autores que incurrían en diferentes hechos punibles, pues ellos de una u otra forma, conseguían evadir sus responsabilidades y, por ende, estos delitos quedaban impunes”.
INCUMPLÍAN FUNCIONES. Añade el informe que esta impunidad, “consideramos que fue motivo para que día a día se acrecentaran las prácticas de estos delitos, al punto de sumarse más autores, más empresas porque, repetimos, que las instituciones públicas del Estado no cumplían con sus funciones de manera oportuna”.
Agrega el documento que dentro de este déficit a más del Ministerio Público, Poder Judicial, podemos sumar al Banco Central del Paraguay (BCP), Superintendencia de Bancos, Banco Nacional de Fomento (BNF), y otras instituciones que no pudieron prevenir o castigar los delitos precedentes al lavado de activos”.
POCA COLABORACIÓN. En otra parte señala la poca colaboración de varias instituciones públicas para con la Comisión, como el BCP, el BNF, la SET, a quienes a través de pedidos de informes solicitados con el propósito de esclarecer algunas cuestiones, los mismos amparados en sus respectivas legislaciones, se negaron a responder aludiendo secreto (deber de reserva), lo que motivó algunas falencias en la investigación por falta de datos precisos y oficiales de las instituciones pertinentes”.
Resalta que “es destacable y finalmente podemos concluir que, durante este proceso, se han observado conductas atípicas en el ejercicio de sus funciones de ciertos funcionarios públicos, que ameritan ser discriminadas en relación con el cumplimiento de sus respectivas obligaciones...”. Recomiendan al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Ejecutivo un análisis profundo, como así también, potenciar las instituciones con mayor y mejor capital humano.
DECLARACIONES. La Comisión Bicameral señala en sus conclusiones que según relato de muchas de las personas convocadas a declarar, autoridades y no autoridades colaboraron en el entendimiento de cómo se procedía a lavar dinero en Paraguay, lo que sí, de manera contundente, se obtuvo es que procedía de delitos precedentes, llámese tráfico ilícito de productos derivados del tabaco, contrabando, usura, narcotráfico, y a esto se le sumaban también las debilidades institucionales en materia legis-lativa, como también debilidades y/o corrupción de funcionarios públicos.
La Bicameral pide castigar a los funcionarios que se presten a estas maniobras y que perjudican notablemente la imagen del país, la seguridad y la economía de sus habitantes.
La CBI concluyó que el Paraguay es ruta de tráfico de cigarrillos y el contrabando. Horacio Cartes es mencionado en el informe como el arquitecto del tráfico ilícito de productos de tabacos de la región y que es dueño de la Tabacalera del Este (Tabesa), según la Comisión Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.