El Poder Ejecutivo, mediante los decretos 3.214 y 3.216 de fecha 21 de octubre de este año, estableció medidas administrativas que permiten un control del sector domisanitario, en pro del ambiente, así como equilibrar las asimetrías entre los productos importados y de industria local.
El 3.214 hace referencia a los requisitos para la importación y comercialización de productos de higiene personal, perfumería, cosméticos y los domisanitarios de riesgo I y II (dispone también una licencia previa); el 3.216 en tanto prohíbe el uso de fosfatos en detersivos, es decir, ya no pueden estar a la venta insumos con este componente, como aún siguen estando. Ambos decretos no son respetados.
Al respecto, ayer en conferencia de prensa empresarios del sector industrial local, específicamente de la Asociación de Industrias Domisanitarias y Afines (AIDA) se manifestaron duramente contra esta falta da ejecución de las resoluciones mencionadas. Raúl Doutreleau, titular del gremio, se preguntó en reiteradas ocasiones qué hacen los fiscales del medio ambiente al no hacer cumplir esta normativa.
Sucede que el uso del tripolifosfato, que es utilizado como abono para el sector agrícola es altamente perjudicial para las aguas, lo que ya va ocasionando perjuicios a la madre natura, como es el caso de la muerte de numerosos peces de la bahía de Asunción, según Doutreleau, producto de la utilización de este producto.
"¿Tenemos que esperar que el río Paraguay pierda todos sus peces para reaccionar? Esta es nuestra preocupación. Hacemos un llamado a la Justicia y a los ministros de la Corte a que hagan algo y tomen conciencia del desastre ecológico que se está produciendo por levantar decretos que prohíben el uso de fosfato”, sostuvo.
El directivo destacó que a más de 60 días de vigencia de ambos decretos se debe cumplir, y para ello considera que la Secretaría del Ambiente (SEAM), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social son los responsables de movilizarse.
“Tienen que hacer cumplir la SEAM; el MIC, que tiene el poder para controlar los detergentes porque son domisanitarios, y la ministra de salud que debe levantar todas las autorizaciones sobre fosfato. Si los fiscales del medio ambiente no actúan, creo que ya estamos casi en el caos, esto es un caos ecológico”, sentenció Doutreleau.
IMPORTADORES SIGUEN DEFENDIÉNDOSE
El sector importador pidió recientemente declarar inconstitucional el decreto 3.214 y la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir nuevamente esta situación. Incluso, vale recordar que la Corte ya había desactivado los decretos anteriores del Ejecutivo y, ante esto, el Gobierno había dado a conocer otros dos nuevos decretos que reinstalaron las prohibiciones (el 3.214 y 3.216). Ahora queda en manos de la Corte definir el conflicto entre ambas partes.
Al respecto, Eduardo Felippo, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya, indicó que “si no tenemos un país en regla, y no se respeta lo que se determina sino que se recurre a un amparo para poder pasar por encima estamos en una situación muy complicada”.
Añadió que cuando empresas multinacionales, que en sus países cumplen con todo y nacen pensando en que tienen que hacer las cosas bien, “vienen acá en nuestro país y nos avasallan uno realmente siente que pierde las perspectivas”, dijo.
Por último, aclaró que no piden que estas empresas se retiren del mercado sino que simplemente cumplan lo establecido.
Las cifras
por ciento es la participación de los productos con tripolifosfato en el mercado local. Son importados.
por ciento es la participación de los productos nacionales sin fosfato.