“Ésta es nuestra tierra, éste es nuestro continente”, dijo Estanislao Bejarano, representante de la comunidad ngöbe de Panamá en una audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
Darío Mejía y Daisy Zapata Fasabi testimonian sobre los problemas de las poblaciones indígenas en América del Sur. EFE | Ampliar imagen
“Hemos vivido durante mucho tiempo sin electricidad, pero sin agua, sin tierra no viviremos mucho más”, añadió Bejarano quien sostuvo que más de 4.000 indígenas encaran el desarraigo de sus tierras por un proyecto de represa hidroeléctrica en ese país.
El presidente de la comisión, el demócrata James McGovern, de Massachusetts, expresó su “sorpresa” porque las evaluaciones anuales que el Departamento de Estado envía al Congreso sobre la situación de los derechos humanos en otros países “no mencionan la contaminación que la explotación petrolera causa” en países como Ecuador.
El copresidente de la comisión, el republicano Christopher Smith, de Nueva Jersey, expresó su sorpresa porque persistan, entre las poblaciones indígenas, prácticas como el infanticidio aunque ellas contradicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De acuerdo con el Departamento de Estado hay en América Latina más de 30 millones de indígenas, y en países como Guatemala, Bolivia, Ecuador, y Perú casi la mitad de la población es indígena.
En Colombia hay aproximadamente 1,4 millones de indígenas y una numerosa población mestiza, en Panamá hay unos 100.000 indígenas, y en Perú los indígenas son más del 45 por ciento de la población.
“Las tierras que ocupaban nuestros pueblos aún antes de la existencia del estado colombiano son hoy vistas como recursos para la economía global”, dijo Darío Mejía, representante de la comunidad zenu de Colombia quien agregó que “en nuestras tierras dirimen sus conflictos el Gobierno, las bandas paramilitares, la guerrilla y mientras tanto los indígenas estamos al borde de la extinción”.
Mejía pidió que el Departamento de Estado no certifique como normal la situación de los derechos humanos en Colombia mientras continúen los abusos contra los indígenas y las fumigaciones que emplean las autoridades para destruir los cultivos de coca, opio y marihuana.
“El tratado de libre comercio (entre Colombia y EEUU) sigue siendo una amenaza para los pueblos indígenas”, añadió Mejía quien instó al gobierno de EEUU a que “no discuta con el actual gobierno o con cualquier gobierno futuro de Colombia la aprobación del TLC hasta que haya participación de los pueblos indígenas”.
Daisy Zapata Fasabi, de la comunidad yine de Perú, señaló que “el 72 por ciento de las tierras de la Amazonia peruana están bajo concesiones petroleras que incluyen tierras de los indígenas”.
Otras áreas de población tradicional indígena están marcadas por el gobierno y la empresa privada para “monocultivos destinados a la producción de biocombustibles”.
Algunos proyectos enmarcados en la Iniciativa Regional de Integración Sudamericana (IRSA), un plan iniciado en 2000 por gobiernos de la región, también afectan las tierras donde viven, y de las que viven las poblaciones indígenas, pero “a las poblaciones no se las consulta, añadió Zapata.
Zapata mencionó, como ejemplo de la desconexión entre los planes y soluciones propuestos desde el exterior o desde el gobierno y las realidades de los indígenas “todos los proyectos y respuestas que se ofrecen para el suministro, la conservación y la eficacia en el uso de la energía y la protección del ambiente”.
“Las propuestas de los países industriales para el canje de cuotas de emisión de carbono son soluciones para los países industrializados”, añadió. “No toman en cuenta las necesidades de los indígenas que viven en las tierras que serán explotadas”.
