País

Indi denuncia a la Fiscalía compra irregular de tierras para indígenas

 

Figura en los papeles como propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), pero en la práctica no existe.

Se trata de las 1.364 hectáreas reclamadas por varias comunidades indígenas de la etnia Avá Guaraní que en forma continua son desalojadas de sus asentamientos ubicados en la zona de Itakyry, a la altura de la frontera entre los departamentos de Alto Paraná y Caaguazú.

Ana María Allen, presidenta del Indi, anunció que presentará una denuncia hoy ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público para que investigue esta aparente irregularidad en la adquisición del inmueble.

En la página web del Servicio Nacional de Catastro figura como propiedad del Indi el terreno en cuestión: finca 1628, padrón 1933.

“Voy a dar entrada a la Fiscalía, por primera vez. Está todo listo el informe de Catastro. Esas tierras no existen, les entregaron papeles. Lastimosamente vamos a tener que buscar otras tierras a nombre del Indi para reubicarles. Este caso es triste, vamos a entrar en Delitos Económicos”, anunció Allen.

El inmueble tiene un valor fiscal de G. 2.346.407.695, de acuerdo a la ficha técnica del mapa rural, inscripto el 11 de setiembre de 2008, durante la administración de Margarita Mbywangi al frente del Indi.

“No se ubican las tierras, según Catastro. En su informe final dicen: existe el papel, el título, no existe la tierra”, insistió la presidenta del ente rector en virtud de que los indígenas reclaman en justo derecho –con título y mapa en mano– el terreno señalado.

Son nativos de los asentamientos de Yvy Porã (Caaguazú), Ko’ê Pyahu Independiente (Alto Paraná) y de Jetyty Mirî, Ybyrarobaná (Canindeyú), quienes volvieron a acampar hace unas semanas en la Plaza Uruguaya. Ellos fueron desalojados en numerosas ocasiones por guardias civiles, quienes incluso incendiaron sus viviendas.

“Las tierras que se le dio a esta gente no es propiedad del Indi. Se les metió a un pedazo de tierra, se les saca, se les lleva a otro lado y continuamente están siendo desalojados”, refirió Allen al señalar que el ente rector tiene “muchas otras tierras sin ningún indígena adentro” que buscarán aprovechar para reasentarlos.

Superposición. En palabras de la titular del Indi, “hay muchísimos casos” que están con doble titulación.

Explicó que en la medida que llegan las denuncias se van interiorizando de los diversos casos de conflictos por tierras indígenas. “Hay alrededor de 30 casos, doble titulación, tierras alquiladas, entre otras”, apuntó.

Para analizar cada documento y datos que van acumulando armaron –dijo– una “mesa de tierra” en la cual involucran al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Catastro, la Defensoría Pública así como el Poder Judicial.

“El Indi solo no va a poder: con dos abogados y un solo agrimensor ¿cómo vamos a resolver recorriendo todo el país?”, lanzó Allen al admitir que mucho no podrán hacer.

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