“Tribunales constitucionales sólidos, independientes, de peso, en un contexto de resquebrajamiento de la institucionalidad partidaria, de debilitamiento de la legitimidad de los poderes legislativos, están demostrando ser espacios de tremenda importancia (…) como control de excesos y de abusos de poder”, afirma García-Sayán en una entrevista con Efe en Madrid.
El relator de Naciones Unidas, en el cargo desde 2016, participó en la capital española en un foro organizado por la Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Association), como antesala del Congreso Mundial de Derecho que tendrá lugar en diciembre en la ciudad colombiana de Barranquilla.
García-Sayán que también fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su presidente de 2009 a 2013, alerta de que el poder político se está ejercido en muchos casos por grupos semidelincuenciales, que han cooptado el poder político y que no quieren ser controlados por el sistema judicial. Una situación que atribuye en gran medida al debilitamiento de los partidos políticos, un fenómeno global, que en América Latina tiene una dimensión especial.
“Es muy difícil encontrar un país en la región donde haya uno o dos partidos políticos más o menos sólidos y relevantes, de manera que los Congresos acaban siendo suma de estamentos individuales, un montón de grupos donde la negociación, los acuerdos y la interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo se hace mucho más compleja y borrosa”, denuncia.
Por ello, el control político pasa a veces a mano de los tribunales constitucionales, que rechazan decisiones adoptadas tanto por los parlamentos como por los gobiernos y sus resoluciones tienen una gran trascendencia política.
Ante esta situación, el relator de Naciones Unidas insiste en la importancia de la independencia judicial, que hay que salvaguardarla, no ya de los viejos métodos de injerencia política y gubernamental, sino también de otros poderes “vinculados por lo general a estructuras ilegales, a estructuras criminales”.
En este sentido, cita como ejemplos casos de su propio país, Perú, donde en los últimos 4 o 5 años hubo varios escándalos que afectaron a magistrados, incluso de la Corte Suprema y a miembros de la Fiscalía Suprema, pero vinculados no a injerencias del poder político, sino a sus conexiones con redes criminales, que se descubrieron en conversaciones con reclusos de alta seguridad. Y como otra muestra, cita la actuación del tribunal electoral de su país, cuya independencia no está en cuestión, pese a las presiones y el acoso que recibe para que no reconozca la victoria del izquierdista Pedro Castillo en el balotaje de las elecciones presidenciales del paso 6 de junio, frente a Keiko Fujmori.
Al ser preguntado por la situación de Venezuela, donde son frecuentes las denuncias por parte de la oposición del control político de los jueces, reconoce que el hecho de que haya ahora una mayoría de fiscales y jueces provisionales, hace que sea mucho más fácil el control político, ya que corren el riesgo de perder su puesto.