Política

Indefinición de juicio a García preocupa en la Contraloría

 

El abogado Miguel von Schocher, secretario general adjunto del Sindicato de Funcionarios Graduados Universitarios de la Contraloría General de la República (Singrucog), manifestó a través de una carta dirigida a los senadores su preocupación por la indefinición del juicio político al contralor Enrique García.

Sucede que la Cámara Alta recibió ya en julio pasado la resolución de acusación contra el titular de la Contraloría General de la República (CGR) para instaurar el juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución.

Miguel von Schocher señala que la amenaza del juicio político “pone en situación difícil al propio contralor, a la vez que inquieta a las demás autoridades institucionales, a los sindicatos y al funcionariado, instalando una sensación de inseguridad laboral y distrayendo esfuerzos hacia el cabildeo parlamentario, sea en pro o en contra, lo que conspira contra el adecuado cumplimiento de la misión institucional”.

“Esto se refleja en un ambiente de inestabilidad que da lugar a conflictos y desacuerdos sobre temas eminentemente técnicos, como los relativos a planes y procesos de auditoría”, lamenta el jurista.

Agrega que “existe la sensación de que, pese a todos los cuestionamientos, demandas, denuncias, imputación, etc., la mayoría de los senadores están muy conformes con la gestión” de García, que hasta aprueban ampliaciones presupuestarias para la CGR. “El Senado tiene la disyuntiva de devolvernos o no alguna credibilidad como organismo superior de control”, culmina la misiva del abogado.

Causales. Entre las causales que motivan la acusación contra García, los diputados citan comisión de delitos, asignación irregular de viáticos, contratación irregular de consultoría, concesión indebida de privilegios a allegados y tráfico de influencia. De hecho, García fue imputado por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. Los antecedentes se remiten al conflicto entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción, donde él se desempeñaba como asesor jurídico, antes de ser designado contralor.

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