Una grave denuncia dio a conocer el actual defensor del Pueblo Rafael Ávila sobre resoluciones apócrifas para generar documentaciones que favorezcan a supuestas víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner. Que se quiera hacer un negocio espúreo de un pasado reciente en que el régimen del déspota dejó un tendal de afectados por su represión no puede tener perdón. La Fiscalía una vez que tramite el caso debe llegar a fondo y no permitir que los involucrados salgan impunes de este tipo de hechos.
El titular de la Defensoría del Pueblo adelantó que la denuncia penal es por hechos punibles de producción de documentos no auténticos y concordantes del Código Penal. El documento señala como beneficiarios del intento de cobro ilegal a Néstor Candia Cáceres y Verónica Godoy.
En el escrito se explica que Candia Cáceres se presentó en fecha 14 de octubre del año pasado ante la Dirección General de Gabinete, dependencia de la Defensoría del Pueblo, con una resolución en mano DP N° 096, que tiene fecha 12 de noviembre del 2020, en la que consta que, supuestamente, fue beneficiado con una indemnización de 1.000 (un mil) jornales en carácter de víctima de la dictadura. Sin embargo, una vez verificados los archivos se constató que dicha numeración de resolución corresponde a otra resolución. Asimismo, “se puede distinguir a simple vista que se trata de una resolución falsa (escaneada en la parte de la firma y otros datos notorios)”.
De igual manera el 4 de enero pasado, Limpia Godoy presentó en mesa de entrada de la Defensoría del Pueblo, una supuesta resolución DP N° 092/21 de fecha 5 de febrero del 2021, por la cual se resuelve indemnizar a Verónica Godoy (hermana fallecida de la solicitante) con 2.000 (dos mil) jornales mínimos en carácter de víctima de la dictadura. La resolución cuenta con errores y datos internos falsos como parte del considerando y otros.
No se puede desconocer cuando el actual defensor confirmó en octubre pasado que se detectaron serias irregularidades en la institución, tras la renuncia de Miguel Godoy el 28 de setiembre del 2022 acorralado por escándalos. Ávila manifestó en aquella ocasión que hallaron firmas presumiblemente falsificadas en expedientes de supuestas víctimas de la dictadura para indemnizaciones. De hecho, cuando ocupaba el cargo de defensor adjunto, en abril pasado, advirtió internamente sobre expedientes “con aparentes alteraciones documentales”.
Justamente, el supuesto manejo arbitrario de indemnizaciones a víctimas de la dictadura era una de las causales en el libelo acusatorio que se había presentado en Diputados para enjuiciar políticamente a Miguel Godoy, quien finalmente dimitió de su cargo.
Habida cuenta de la nueva presentación dada a conocer por el actual defensor, los indicios solo apuntan a implicancias de funcionarios de la Defensoría y gestores para que se puedan generar los documentos falsos. Está claro que también las personas que iban a recibir el beneficio deben ser investigadas. En este punto hay que mencionar que ÚH había divulgado en setiembre del año pasado varios audios filtrados de gestores, que dejaron al descubierto un esquema de coimas alrededor de las indemnizaciones.
Ahora resta que la Fiscalía haga su trabajo y que los involucrados en esta trama de irregularidades y de falsificaciones a costilla de la memoria de cientos de personas que dieron su vida por la libertad y la democracia no queden libres de sanciones. La justicia debe caer con todo su peso sobre los que armaron este ardid estafatorio con la producción de documentos ilegales que tenían como fin el lucro indebido.