Es lo que ha ocurrido en la última sesión de la Cámara de Diputados, en donde 47 integrantes, pertenecientes principalmente a los dos principales movimientos internos del Partido Colorado (ANR) y varios del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), han decidido castigar a su colega, la diputada liberal Celeste Amarilla, suspendiéndola en su carácter de legisladora por 60 días, sin goce de dieta, por haber acusado de manera genérica que al menos 60 o 70 diputados habían ingresado a la función legislativa recurriendo a dinero sucio o ilegal.
La diputada Amarilla formuló la acusación durante un debate con carácter de audiencia pública sobre el financiamiento político y desactivación de la corrupción, realizado por el Frente Parlamentario Anticorrupción, en la sede del Parlamento. En la oportunidad dijo que, de los 80 diputados, al menos 60 o 70 ingresaron con dinero sucio, y por eso deben asumir la legislatura pagando favores a los financistas.
“Hoy están pagando cuentas con sus votos y con sus opiniones, hoy están devolviendo ese dinero haciendo lo que el financista les dice, votando por lo que quiere el financista, no votan por la razón, no votan por el pueblo, están pagando las cuotas del financista”, alegó.
Amarilla hizo tales declaraciones como legisladora en función y por tanto le ampara plenamente el artículo 191 de la Constitución, que otorga inmunidad de opinión a los parlamentarios. Sin embargo, la bancada de Honor Colorado, encabezada por su líder Basilio Bachi Núñez, presentó un proyecto de resolución que establecía una sanción a la diputada por insultar a sus colegas, con una suspensión de 60 días, sin goce de dieta. A pesar de ser claramente inconstitucional, la propuesta fue avalada por 47 diputados colorados y liberales.
Aunque la acusación de Amarilla haya sido genérica y no haya dado nombres y apellidos, no se puede ignorar que hay dinero del crimen organizado en la política. Existen numerosos casos de conexiones de legisladores con actos delictivos y con referentes del crimen organizado y el narcotráfico, denunciados a través de la prensa, varios de ellos bajo investigación o procesos judiciales, aunque protegidos por sus colegas.
La acción de la mayoría de los diputados en contra de la legisladora Celeste Amarilla, recurriendo al nefasto sistema de “la aplanadora” que era propia del sistema stronista, resulta arbitraria, atenta contra los principios de la democracia y crea un nefasto precedente para actitudes más propias de una dictadura.
Urge revertir este tipo de prácticas que nos pueden hacer retornar a oscuras épocas que han causado mucho dolor y atraso al país.
