En el marco de dicha investigación, una comitiva conformada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Dimabel, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y la Policía Nacional, realizó un operativo en un hotel ubicado en Corateí, Ayolas.
Al llegar al hotel los intervinientes ya constataron varias irregularidades según su competencia.
La Dimabel halló e incautó seis armas de fuego; cinco escopetas y un rifle.
“En el momento de la verificación de las armas, los encargados del lugar no tenían los documentos pertinentes, por eso fueron incautadas”, refirió el coronel Marcos Mendoza, de la Dimabel.
Estas armas fueron puestas bajo la guarda de dicha dirección militar.
Inicialmente, notaron que el establecimiento, además de contar con infraestructura para actividades hoteleras, posee un hangar, un aeródromo privado y un helipuerto.
Este último no cuenta con la habilitación correspondiente de la Dinac, lo cual fue debidamente corroborado por las autoridades. En el momento no se encontró ningún tipo de aeronave.
Rocío Mendoza, del departamento de Fiscalización del Mades, mencionó que el lugar no contaba con la declaración de impacto ambiental, así como tampoco aparece en el sistema con el nombre que ellos acreditan.
“También vimos que hay tenencia de animales, partes de animales (cornamentas de ciervos) que estaban en exhibición; estas partes fueron incautadas y se encuentran al resguardo del Ministerio del Ambiente”, detalló.
Respecto a las investigaciones sobre la denuncia de cacería ilegal, indican que continuarán, con el compromiso de sancionar a los responsables de estos hechos, cuyos antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para la investigación penal.
Depredación. Un seguimiento realizado años atrás en Pilar por Última Hora había confirmado un estado de descontrol del comercio pesquero que estaba ocurriendo en la zona de Ñeembucú.
A raíz de la ausencia de control efectivo, se había abierto una vía para que pescadores y comerciantes inescrupulosos transportaran de manera encubierta especies como el dorado.
Esta falencia se produjo como consecuencia de un desentendimiento institucional que había entre el Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa) y la Secretaría del Ambiente (Seam).
Tras la denuncia de ÚH, autoridades y representantes de pescadores se habían comprometido analizar acciones para el control del comercio.
