Tras un mes de trabajo de inteligencia, los investigadores lograron llegar hasta la casa de Silvio Zacarías Franco Colarte, de 61 años, ubicada en el kilómetro 35 de la ruta 3 General Aquino, jurisdicción de Emboscada. Para ello, se requirió de la participación de expertos en explosivos y un can.
Durante los 30 días de investigación se comprobó que el dueño de casa vendía explosivos a los cantereros de la referida ciudad y que la carga incautada en la víspera aparentemente iba a parar a manos del EPP, según los indicios. El hombre no se encuentra registrado en la Dirección de Material Bélico (Dimabel) para la compra y comercialización del producto.
Investigación. “Existen una serie de interrogantes que serán respondidas a través de investigaciones. Mayores indagaciones podrán confirmar si este hecho puede considerarse un puente entre las actividades delictivas en el Norte del país. Esta incautación muestra la vulnerabilidad de los controles. Por otra parte, la investigación busca los indicios sobre la supuesta vinculación de estas personas con el EPP”, explicó el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
“Durante una compra vigilada, detuvimos a Silvio Zacarías Franco Colarte, su hija María Luz Franco y Luis Robert Gómez López, quienes serían imputados por el hecho punible de tráfico y comercialización ilegal de explosivos, con una expectativa de 10 años de prisión”, explicó la agente fiscal Quiñónez.
La representante del Ministerio Público confirmó que los elementos explosivos serían parecidos a lo incautado en Sanguina Cué años atrás, en las primeras incursiones del EPP.
Vamos a realizar comparaciones con los explosivos y detonadores hallados en un procedimiento llevado a cabo años atrás en Sanguina Cué, San Pedro, que serían parte del arsenal incautado de este grupo armado”, explicó.
Poder. La cantidad del explosivo hallado podría destruir un edificio de 10 pisos, además de matar un centenar de gente a la 100 metros a la redonda.
Un vecino del lugar, de nombre Luis Noguera, se presentó en el Departamento de Investigación de Delitos y en defensa de los detenidos mencionó que los explosivos se comercializaban entre cantereros para romper rocas.
El subcomandante de la Policía, comisario general Eliseo Báez, destacó el trabajo desplegado por los agentes para llegar a contrarrestar lo que pudo haber sido una pérdida de vidas si los explosivos llegaban a manos del EPP.