El hecho se dio en una tierra que está en medio de un litigio y por el que denunciaron al abogado Horacio Torres, actual titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por supuestamente apañar una adjudicación fraudulenta.
Raúl Peralta, abogado de las supuestas víctimas, indicó que hasta el momento el fiscal Héctor Velázquez no realizó ningún procedimiento para avanzar en las investigaciones sobre los supuestos hechos de coacción grave, tentativa de homicidio y privación de libertad, así como hurto agravado en banda, apropiación, abigeato, entre otros.
Miguel Ángel Cabral Chaparro, Emigdio Cabral Chaparro, Mauricio Santacruz Sosa, Derlis Ramón Quiñónez e Isabelino Ayala Ozuna fueron los empleados que vivían en el establecimiento y que fueron supuestamente víctimas.
Uno de ellos relató que los hombres bajaron de un camión de la marca Mitsubishi y logró escuchar a uno que le hablaba en portugués, que comandaba al grupo de matones, que los apuntó con armas de grueso calibre, les sacó de forma violenta sus teléfonos celulares y luego los subieron a un camión para dejarlos en una estación de servicios, en Mariscal Estigarribia.
El fiscal Velázquez, en contacto con Última Hora, explicó que cuando se dan este tipo de hechos, donde están involucrados terrenos fiscales, el Ministerio Público no toma intervención. “Nosotros por protocolo cuando es terreno del Indert, no hacemos procedimiento, a no ser que tenga el título. No configura un hecho de invasión de inmuebles ajenos. Para demostrar eso, tiene que haber un título de propiedad”, explicó.
Sin embargo, el abogado Peralta afirma que el Ministerio Público tiene que investigar el hecho, a pesar de lo expresado por el fiscal. “Hay otras normas lesionadas de mayor rango y puede investigar”, agregó.
ADJUDICACIÓN. Peralta afirmó que el titular del Indert, junto al asesor jurídico Enrique Gómez de la Fuente, apañó una sesión irregular de la estancia Cristo Rey, a cuatro personas, como publicó este medio en la edición de ayer.
En la denuncia se refiere que supuestamente se incurrió en la producción de documento no auténtico, con un certificado emitido por funcionarios de Indert que supuestamente fueron a verificar que estas personas estaban ocupando las tierras.
