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Imputan a ex directivos del club 3 de Febrero por desacato judicial

El fiscal Luis Trinidad Colmán imputó a los ex directivos del Club Atlético 3 de Febrero, de Ciudad del Este, Antonio Aranda Encina y Jorge Aquino por el delito de desacato. El caso se refiere a una demanda civil presentada por socios que pagaron por butacas vitalicias en el estadio del club de fútbol.

La denuncia fue presentada por la jueza Maricel Meaurio, del Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

La denuncia refiere que el 10 de mayo del 2017 varios asociados del Club Atlético 3 de Febrero presentaron en su Juzgado una demanda ordinaria de obligación de hacer escritura pública contra la referida entidad deportiva, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.

Los demandantes indicaron que como socios adquirieron butacas vitalicias, pagando cada uno de ellos la suma de UDS 2.000, conforme a los documentos que presentaron en su demanda.

Señalaron que tras el pago efectuado recibieron los carnés respectivos, firmados y expedidos por los representantes legales de la empresa Eventos y Construcciones SRL, cuyo propietario es el ahora imputado Antonio Aranda Encina.

Todas las documentaciones fueron agregadas al expediente judicial y, ante esto, la magistrada Maricel Meaurio remitió varios oficios a los responsables del club, Antonio Aranda y Jorge Aquino (presidente y secretario en aquel entonces), para que remitan los informes respectivos, solicitando también la presentación de título de propiedad de las butacas vitalicias.

Ante la negativa de la entidad deportiva en contestar o enviar dichos informes, el Juzgado remitió los antecedentes al ámbito penal y denunció formalmente el hecho.

Hasta el inicio de la demanda civil, los denunciantes solicitaron a los representantes de la empresa la expedición de título de propiedad de las butacas vitalicias, ya que son de su propiedad, según el contrato de construcción y explotación del estadio y en cumplimiento del mandato otorgado a la comisión directiva en la asamblea general extraordinaria del 18 de noviembre de 1998 y por la asamblea general extraordinaria del 10 de diciembre de 2004, que resolvió la renovación del contrato de explotación y administración del escenario deportivo.

A raíz de todo esto, el fiscal Luis Trinidad Colmán presentó la imputación por desacato judicial.

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