La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la actual administración de la SAS, que tras una auditoría a la institución que detectó irregularidades en el rubro de combustible entre enero a agosto del año 2013.
La denuncia señala que se utilizaron de forma irregular órdenes de compras por G. 400 millones, G. 970.341.346 y G. 50 millones.
La imputación es por el delito de lesión de confianza y afecta a otras 21 personas. Entre los imputados se encuentran Carmen Elizabeth Buena Duarte, María Elena Pereira Duarte, Miguel Adolfo Valiente Doldán, Fabio Bernal Peralta, María Celeste Sandoval, Sara Diana Rolón Figueredo, Eladio Antoliano Díaz Ayala, Juan Néstor Santacruz Prieto y Félix Alcides Benítez.
También fueron imputados Fernando Sebastián Carballo, Mirko Manuel Díaz de Bedoya, Óscar Concepción Espínola Giménez, Juan Pablo Franco, Orlando César Giménez Ramírez, Sebastián Éver González Medina, Juan Carlos Iglesia Duré, Luis Gustavo Insfrán Giménez, Blas Crisóstomo Ruiz Díaz Torres, Jorge Daniel Saldívar Núñez, Alfredo Villamayor y Renzo Miguel Foschino Richeda.
Entre otros hechos, la Fiscalía detectó supuesta asignación de vales de combustible a un mismo funcionario, con igual orden de trabajo, en fechas superpuestas, para lugares distintos.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que vales de combustible fueron utilizados por funcionarios en sus vehículos particulares para viajes que no eran institucionales.
Otro de los hechos detectados por la investigación fiscal es la asignación de vales de combustible a un funcionario con reposo médico para cumplir una misión de trabajo.
La fiscala Delvalle presentó la imputación ante la jueza penal de Garantías Griselda Caballero. La agente del Ministerio Público solicitó seis meses para investigar el caso y medidas alternativas a la prisión preventiva para todos los imputados.